El presidente Juan Vivas ha remodelado el Gobierno de la Ciudad empujado por las circunstancias. La situación insostenible de dos de sus consejeras, imputadas en el “caso Emvicesa”, le ha obligado a forzar una acrobacia de la que podría no salir indemne.
La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 1, más allá de las consecuencias judiciales que pueda llegar a comportar, constituye un misil en la línea de flotación de la credibilidad del Gobierno popular. Vivas es el máximo responsable de los nombramientos de tres personas investigadas por la presunta comisión de graves delitos. Una de ellas, el exviceconsejero de Vivienda, Antonio López, se encuentra en prisión.
Un hábil movimiento de piezas, la designación de personas de confianza para asumir las responsabilidades vacantes por la salida de la vida pública de Susana Román y Rabea Mohamed o un discurso solemne pronunciado por el presidente ante los periodistas no servirá, en esta ocasión, para salir airoso del atolladero.
Vivas está obligado a rendir cuentas ante la ciudadanía, que espera una explicación convincente sobre lo sucedido a lo largo de la última semana. El PP ha de ser capaz de sostener un discurso que persuada a los ceutíes de que todo va a ir bien, de que los recursos públicos están en buenas manos, de que la gestión de la ciudad se encuentra bajo control.
Quizás quien ha sido líder indiscutible de la derecha ceutí durante más de tres décadas no se halle hoy por hoy en condiciones de responder satisfactoriamente a estas inquietudes. Quizás el destino de todas las cosas haya dejado de estar en sus manos.
