Cualquier valoración que se pretenda hacer sobre lo sucedido estará lastrada por la tenacidad con la que todas las partes implicadas en el conflicto se resisten a aportar la información indispensable para llegar a entender lo que está sucediendo.
Las entidades financieras ofrecen explicaciones insuficientes a los afectados. Sólo una de ellas alude a la aplicación obligada de la legislación sobre blanqueo de capitales, pero no entra en mayor detalle. Y todas aseguran que atienden instrucciones de sus servicios centrales.
El silencio de los bancos es correspondido por el de las instituciones. El Banco de España y las autoridades antiblanqueo, a través de la Delegación del Gobierno, aseguran no haber impartido directriz alguna para limitar las relaciones de los bancos con los empresarios ceutíes. La propia Delegación no oculta su desorientación ante lo infructuoso de sus gestiones para recabar información.
Mientras, las organizaciones empresariales mantienen un tono bajo en el contencioso. Sólo la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha hecho una manifestación pública en la que se limita a reclamar una solución a un problema que, asegura, compromete la marcha de la economía local. Pero ni los empresarios ni sus representantes parecen capaces de precisar ni tan siquiera el número de afectados ni de hacer una estimación sobre los perjuicios económicos que las medidas adoptadas por los bancos podrían haber ocasionado hasta la fecha.
Algunos partidos políticos y sindicatos y el propio Gobierno de la Ciudad han salido en defensa de los empresarios, un compromiso loable pero ofrecido sin elementos de juicio suficientes.
¿Qué está ocurriendo? Sin más información resultará imposible forjarse una opinión fundamentada.
