La Guardia Civil ha detenido a los presuntos cabecillas de una red de traficantes de personas a la que se atribuye la organización de buena parte de las expediciones de migrantes que en los últimos meses han llegado por mar a la ciudad. La operación policial revela la vertiente más trágica de los fenómenos migratorios: la conversión del dolor en negocio.
La suerte de miles de personas que cada año convierten Ceuta en una etapa más de su aventura hacia una vida digna resulta de ordinario invisible. El drama y la ignominia residen aquí, pese a todo. Tres de los presuntos cabecillas de la organización ahora desarticulada son vecinos de Ceuta. Las condiciones en las que estos extranjeros errantes se ven obligados a sobrevivir en nuestro suelo no han de sernos ajenas.
Por muy iletrados que resulten estos traficantes de personas, todos se conducen movidos por la intuición capitalista de la obtención del máximo beneficio. Ninguno habrá leído a los autores marxistas o liberales de los dos últimos siglos, pero tamaña ignorancia no entorpece sus conocimientos acerca de los mecanismos del mercado ni les impide reconocer una pingüe plusvalía.
La cicatera y dolosa política migratoria de los países europeos y, en nuestro caso particular, la indiferente actitud del Gobierno de nuestro país ante el padecimiento ajeno, constituye el mejor de los abonos para los negocios. Probablemente, centenares de los jóvenes subsaharianos que recurrieron a los servicios de esta mafia para llega a Ceuta podrían haberlo conseguido sin arriesgar su vida ni hipotecar su menguado patrimonio. Habría bastado con que se les hubiera permitido acceder a la oficina de protección internacional y asilo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inauguró con boato y arrogancia hace apenas unos meses. No han podido, sin embargo. ¿Por qué? Porque los negros tienen el acceso vedado a esas dependencias.
