La exigencia de responsabilidades al Ministerio de Defensa por el incendio que, según la propia Delegación del Gobierno, causó una de sus unidades en el Monte de la Tortuga no debería mover a nadie a escándalo.
“Al ejército no se le tratará con menos dureza que a otros, pero tampoco con más”, ha declarado el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, en un ejercicio estéril de defensa de lo obvio. Nadie puede reclamar al ejército más de lo que se debería exigir, legislación en mano, a cualquier otra institución del Estado o al más anónimo de los ciudadanos de a pie. El problema aparece cuando alguien solicita una actitud exigente de las autoridades hacia los errores o los excesos que puedan cometer los funcionarios del Ministerio de Defensa. Si alguien hace tal cosa es inmediatamente acusado de agitador, elemento disolvente y traidor.
La función que desempeña el ejército para garantizar la seguridad del territorio nacional no está en cuestión. Nadie duda de la honestidad ni de la integridad del estamento militar. Resulta cuestionable, tal y como los más obcecados sostienen, que detrás de todas estas peticiones de asunción de responsabilidades se esconda una cáfila de anarquistas encelados en subvertir el orden y la tradición.
Sólo se pide al ejército lo mismo que, en similares circunstancias, se reclamaría al gremio de carpinteros o a la dirección del restaurante Maxim’s de París. Y, de darse tales casos, ello no supondría abrir una causa general contra los ebanistas o los cocineros ni cuestionar su pericia para la manufactura de mesitas de noche o la elaboración de un huevo frito con puntilla.
