La investigación judicial abierta por el caso Emvicesa se ha traducido, hasta la fecha, en la detención de doce personas, entre ellas dos miembros del Gobierno y un diputado de la oposición. De momento, la reacción en el Palacio de la Asamblea sigue siendo renuente a la aceptación de responsabilidades políticas. ¿Decidirá Madrid?
El presidente del partido Juan Vivas ha viajado hasta la capital para dar explicaciones a los dirigentes de Génova sobre las circunstancias que rodean el caso y sobre su decisión de no destituir a las consejeras Susana Román y Rabea Mohamed, ambas investigadas por la presunta comisión de los delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.
El PP de Mariano Rajoy anda desde hace un tiempo preocupado por su imagen pública, una inquietud que no le asaltaba en las fechas en las que el presidente del partido cantaba en público las virtudes de Jaume Matas o perjuraba, con un alambicado estilo retórico, que nadie podría demostrar que Bárcenas no era inocente. Los tiempos han cambiado.
Los populares tienen sobre la mesa una patata caliente que ha adquirido una relevancia nacional que, de momento, el escándalo ceutí no ha merecido. Ciudadanos reclama la dimisión del presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el denominado caso Auditorio. Que Génova se sienta influenciada o no por este contencioso a la hora de evaluar qué hacer con las consejeras ceutíes está por ver. Pero, en todo caso, la posición de Román y Mohamed, y por extensión la de Vivas, no resulta la más airosa.
Si se juzga el caso por las declaraciones de Vivas, parece obvio que ninguna de las consejeras será removida de su cargo si no lo exige la dirección nacional, algo que está por ver. Los populares ceutíes siguen enrocados en alimentar esa confusión tan provechosa que no permite distinguir las responsabilidades políticas de las judiciales. Y mientras Vivas siga en esa actitud –siempre que Madrid se lo permita- Caballas encontrará un alivio para exonerar de cualquier responsabilidad política a su coordinador general, Mohamed Alí, acusado de los mismos delitos que las consejeras.
