Opinión

El Reglamento de la Asamblea

Supongo que no fui el único ceutí que vio la sesión constitutiva de la nueva Asamblea de Ceuta a través de la señal televisiva. Ese momento, cumbre para política y la vida de Ceuta, debe responder a las expectativas que genera y no desarrollarse como un mero acto administrativo o de trámite.

Probablemente nadie esperaba ninguna sorpresa y menos una mayúscula. Lo lógico es que todo suceda dentro de los cauces de control democrático que todos los partidos ejercen, pero no deja de ser un acto político de gran calado, porque en esa sesión se elige a quien va a ser el Presidente de Ceuta.

Cierto es, que la sesión siguió escrupulosamente lo previsto en los artículos correspondientes del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de la Asamblea que regula su funcionamiento, pero no es menos cierto que lo que se vio por la tele fue una sucesión de promesas o juramentos, varias votaciones con urnas para arriba y urnas para abajo, recuentos y poco más, salvo algunas anécdotas que no supusieron ni sorpresa ni lo contrario, sino la confirmación de lo que todo el mundo ya sabía: que el PP y el PSOE no tienen ningún pacto, salvo para confundirse en alguna “Vicevotación”.

He señalado el escrupuloso respeto a lo previsto en el Reglamento de la Asamblea, porque es un dato importante que pone de manifiesto que el mismo requiere de alguna revisión, porque tras lo visto el sábado, el Reglamento está al servicio de la eficiencia administrativa, pero no al servicio de la política, fin último de la existencia de un sistema democrático.

Sólo en Ceuta, si es que de verdad queremos asimilarnos al sistema autonómico, un candidato a la Presidencia de la Ciudad se presenta ante quienes tienen que votarle, los diputados de la Asamblea, sin explicar que quiere hacer y por qué solicita el apoyo de la mayoría. Es más, como en cualquier Ayuntamiento de tercera, puede presentarse quien quiera sin poseer el aval necesario para obtener la elección, es decir, o la mayoría absoluta o ser el cabeza de la lista más votada. De ahí el sinsentido de que Juan Sergio Redondo, candidato de Vox, se presentase y también fruto de lo mismo, lo innecesario, administrativamente claro, que no políticamente, de que Vivas, el que tenía todas las papeletas para salir, no dijera ni una sola palabra en la sesión para obtener el respaldo necesario para su programa y, naturalmente, tampoco hubiera respuesta del resto de portavoces para clarificar la clase de legislatura que nos espera.

No es culpa de Vivas o, si ustedes lo prefieren, tiene tanta culpa como yo, que también voté a favor del vigente Reglamento de la Asamblea cuando era miembro de la misma, pero el tiempo y los momentos son los mejores jueces de la bondad de una norma y de la necesidad de modificarla en su caso.

Ceuta está en un momento trascendental de su historia moderna. Tiene desafíos por el norte y por el sur y algunos problemas de orden interno que no son cuestiones baladís. Está inquieta y esto se refleja en los resultados electorales, dispersos, difícilmente interpretables con claridad como en otras ocasiones anteriores. No ha resuelto problemas importantes como una nueva definición de su fiscalidad indirecta, su relación con Europa desde el punto de vista aduanero, el encauzamiento ordenado de su comercio con Marruecos y las cuestiones relativas a la presión migratoria. El desempleo sigue alarmando y algunos de los motores que podrían dar nuevo impulso andan todavía con algún lío de diseño, como el desarrollo tecnológico, portuario y urbanístico o las comunicaciones con la península. Por todo esto y por mucho más, ahora más que nunca Ceuta necesita una voz que lidere, tranquilice y dé esperanza y esa no puede ser otra que la voz de quien está al frente del Gobierno de la Ciudad.

La sesión de investidura, como en cualquier otro parlamento es el momento y el foro ideal para alzar esa voz, de modo prístino, sin zonas grises, dando respuesta a las preguntas de los ceutíes y dejando un mensaje claro de por qué se pretende dirigir el gobierno. No es sólo una cuestión de artículos de una ley o de número de escaños, sino una causa de necesidad política, un debe frente a los ciudadanos, una obligación que, aun siendo sólo ética tal y como está actualmente redactado el Reglamento, debe quedar constatada en esa norma que regula el funcionamiento de la Asamblea de Ceuta.

Lo contrario es condenarnos al municipalismo y sus múltiples limitaciones y, sobre todo, condenarnos a todos al silencio.

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