Opinión

La política y la justicia

La deriva judicial de la vida política española es sumamente preocupante. Tanto, que está llegando un momento en el que los jueces están invadiendo un territorio que, desde mi punto de vista, no debería corresponderles, aunque ellos no sean precisamente quienes se hayan autoconcernido ante lo expuesto.

La deriva judicial de la vida política española es sumamente preocupante. Tanto, que está llegando un momento en el que los jueces están invadiendo un territorio que, desde mi punto de vista, no debería corresponderles, aunque ellos no sean precisamente quienes se hayan autoconcernido ante lo expuesto.

 Podría poner muchos ejemplos, pero voy a detenerme en el más reciente: el auto del juez que asegura que los expresidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, permitieron un plan de ayudas ilegal y arbitrario en el conocido caso de los ERE irregulares. Lo que vino a adelantar la jueza Alaya

(de vuelta al caso) y a confirmar categórica y de forma demoledora el Tribunal Supremo, lo sabíamos todos. Los ciudadanos no podemos permitir que los políticos nos continúen tomando el pelo.

Los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía conocieron y apoyaron esta inmensa atrocidad desde el descuento del minuto uno. ¿Por qué nadie denunció ante el PSOE (Comité Federal) este repugnante episodio de la más reciente y vergonzante historia de la vida política española? Y si alguien lo hizo, ¿por qué no se pusieron las armas suficientes como para frenar, primero, y extirpar, después, semejante atrocidad?

No. Los partidos políticos prefieren mirar para otro lado y, como en este caso, en lugar de abortar un asunto de corrupción prefieren esconder la responsabilidad debajo del ala para no dañar ni su propia imagen ni la de los que la ensucian con las famosas “mordidas” y otras fraudulentas prácticas “de las que ya se ocupará un juez”, aplicando la laxitud de la ley de lo que al respecto nos ocupa. Y no debe ser así.

Los partidos políticos deben armarse de instrumentos o mecanismos para no “ceder” a la justicia lo que a la política debe corresponderle per se, considero. Podrida, pero política, al cabo. Y que los jueces intervengan cuando, desde el punto de vista de los representantes de los ciudadanos, éstos ya no puedan llegar hasta el final de un determinado caso.

En este momento, en los clásicos dos bandos que dividen el estado de las cosas en este país, están los que han llegado a decir que ni Chaves, Griñán y compañeros mártires se llevaron un duro, que la dimisión de ambos les honra; y los que, enfrente, se frotan las manos para explotar hasta la saciedad la conducta de semejante caterva. Y, sinceramente, esto no es ni para lanzar campanas al vuelo ni para fusilar a nadie al amanecer.

Estamos ante un nuevo empate partidario y una abultada derrota de la ciudadanía y el sistema. Todos hemos perdido, una vez más. Así que más política, sí, con mayúsculas, y menos jueces en asuntos que rigen o deben regir la doctrina pública.