Por responsabilidad, por coherencia y por respeto hacia los lectores de este medio de comunicación, no puedo abstraerme de las últimas actuaciones judiciales desarrolladas en nuestra ciudad. Compartiré mis reflexiones al respecto, pero por convencimiento democrático, debo comenzar esta colaboración, como no podría ser de otra manera, subrayando un pilar básico en el ordenamiento jurídico de todo estado democrático, el principio de presunción de inocencia, que establece la responsabilidad penal del individuo, única y exclusivamente cuando esté debidamente establecida su culpabilidad, a través de una sentencia firme.
No puede existir duda alguna respecto a que la razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada, ni ante la autoridad judicial ni ante la opinión pública, sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. Un principio aplicable a toda la ciudadanía, sean cuales sean sus creencias ideológicas. Todos, absolutamente todos somos iguales ante la Ley sean cuales sean nuestros colores políticos.
En este punto, debo referirme a la utilización partidista de quienes atribuyéndose indebidamente el título de guardianes de los derechos y las libertades, arremeten sin escrúpulos contra un principio prioritario en un Estado de Derecho. Aquellos personajes, que siendo conscientes que los investigados en este caso lo son por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, tan solo señalan en una dirección. Quizás habría que recordarle a uno de los políticos localistas, que alzaron la voz la pasada semana, que hace muchísimos años que perdió cualquier indicio de credibilidad en esta bendita ciudad.
En un Estado de Derecho siempre debe prevalecer lo establecido en su Carta Magna, en nuestro caso la Constitución Española ratificada por todos los españoles en 1978, la norma suprema del Ordenamiento Jurídico Español. En su artículo 24 señala claramente “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todas tienen derecho a la presunción de inocencia”. En definitiva, tal y como señala nuestra Ley de leyes, todas las personas, absolutamente todas tienen derecho a la presunción de inocencia.
