En el encuentro, Ramos ha expuesto que los técnicos del Instituto Ceutí de Deporte, de acuerdo con la estimación de la oferta y la demanda del último ejercicio en el complejo deportivo Guillermo Molina, han determinado el número de horas susceptible a ser ocupado por actividades en las que se requiere la presencia de monitores y socorristas.
Siguiendo esta línea, “la única opción que plantea el consejero es la de distribuir el número de horas entre el número de trabajadores”, explica Hernández, quien ha preguntado a Ramos por el futuro de los cuatro empleados despedidos.
Para atender la demanda del secretario general de reincorporar a los trabajadores, Ramos instará a los técnicos del ICD –que deberán contar con la representante de éstos- a formular una propuesta de ampliación de las actividades, al objeto de estudiar la posibilidad; “propuesta como la que ya presentaron los trabajadores y fue denegada por la Ciudad”, apostilla Hernández. Y la reunión en la que se ponga sobre la mesa la propuesta tendrá lugar en las próximas semanas.
Por otra parte, el planteamiento de la Ciudad de suscribir un convenio con la Federación de Natación de Ceuta para que, a partir del 1 de septiembre acogiera a los trabajadores de Arasti Barca, “no será viable a corto plazo, alargándose en el tiempo hasta dentro de un año como mínimo”, informa el socialista.
Ante la necesidad de buscar nuevas vías para solucionar la situación, “se hace necesario que en el próximo convenio suscrito entre la Ciudad y los monitores y socorristas se recoja expresamente la posibilidad de que éstos presten sus servicios en diferentes instalaciones municipales y no exclusivamente en las del ICD, tal y como está determinado en el actual”, indica Hernández, ya que “éste es uno de los principales inconvenientes con el que ahora se encuentran, remarcado además por los informes jurídicos y de Intervención”.
En la actualidad, “el ERTE presentado por la empresa en la Delegación del Gobierno continúa su curso y aunque los trabajadores verán reducidas sus horas de trabajo y el SEPE compensará esta disminución de sueldo durante dos años, ¿qué pasará si la construcción del nuevo Díaz Flor superara ese plazo de tiempo?”, apunta el secretario general, para el que “no tiene justificación alguna, la incertidumbre por la que la Ciudad está haciendo pasar a los trabajadores de Arasti Barca”.
Por último, Hernández asevera que “la situación actual es sobrevenida de un problema de gestión prologando en el tiempo, sin darle solución, y que terminarán pagando todos los contribuyentes cuando Arasti Barca gane el juicio que tiene interpuesto contra el Gobierno por deudas acumuladas, desde el año 2012 cuando finalizó el contrato, por valor de más de 1’5 millones de euros”.
