Los Derechos Sexuales y Reproductivos y entre ellos la Interrupción Voluntaria del Embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos en las Conferencias de El Cairo (1994), Beijing (1995) y el Consejo de Europa (2008). Tanto Naciones Unidas, como la Unión Europea, instan a los Estados Miembros a que garanticen que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible, asequible y segura.
Sin embargo, a pesar de que en la Conferencia de El Cairo, 179 países –entre ellos España-, firmaron el compromiso de “garantizar el acceso a la anticoncepción, la información sobre planificación familiar y el aborto seguro”, éste es un objetivo sin conseguir, como puso de manifiesto en su informe de 2014, el Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA) que alertó de las gravísimas consecuencias para 220 millones de mujeres de todo el mundo, que no pueden acceder a métodos anticonceptivos modernos.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte fundamental de los derechos humanos, por lo que los estados deben garantizar el derecho de las mujeres a tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, lo contrario supone la vulneración de estos derechos, y un ataque frontal contra la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres.
Lejos de disminuir el número de abortos, las leyes restrictivas sobre la interrupción voluntaria del embarazo colocan a las mujeres en situaciones de riesgo para su salud e incluso para su vida. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la fecha del 28 septiembre se declaró Día Internacional de Acción por la Despenalización del Aborto en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990. Desde entonces, cada año se conmemora en un mayor número de países como reivindicación del Día Internacional del Aborto Seguro.
Por todo ello, el PSOE se suma a la campaña para promover el 28 de septiembre como Día Internacional de Aborto Seguro, en el marco de los días internacionales de las Naciones Unidas.
En el ámbito estatal, este 28 de septiembre queremos reiterar que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el gobierno socialista en 2010, era una buena ley, homologable a la de los países de nuestro entorno y que ha cumplido el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados y por tanto, el número de abortos. En 2014 (últimos datos oficiales), se registró la cifra más baja de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos ocho años. De hecho, desde que se aprobó la Ley socialista, el número de abortos no ha dejado de disminuir.
En 2011, la tasa de aborto por cada 1.000 mujeres fue del 12,47, al año siguiente, 12,12; en 2013 bajó al 11,74 y en 2014 se redujo al 10,46.
Sin embargo, el gobierno del Partido Popular ha dejado a las mujeres de 16 y 17 años expuestas a abortos clandestinos e inseguros al modificar la ley socialista. Y todo ello, a pesar de que aunque ha descendido en todos los grupos de edad, es precisamente entre las mujeres jóvenes entre las que más ha disminuido el número de abortos, un 4,81 entre las que tienen entre 20 y 24 años y un 3,76 entre las de 19 años o menos.
Así, en este 28 de septiembre, el PSOE reitera su compromiso con la libertad de elección de las mujeres –de todas las mujeres-, sobre su maternidad y exige al gobierno en funciones, que recupere la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo tal como quedó aprobada, que desarrolle la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que incorpora la Ley del 2010 en su articulado y que, estando en vigor, ha sido eliminada de facto; que cree una red pública de salud sexual y reproductiva tal como estipula dicha ley y que vuelva a incorporar a la cartera sanitaria tanto la Reproducción asistida a lesbianas y madres solas como los anticonceptivos de última generación.
