La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sacado a licitación la adquisición de un inmueble destinado a funcionar como albergue provisional para personas sin hogar. El contrato, con un presupuesto base de 2.849.837 euros, incluye tanto la compra del edificio como su equipamiento completo. La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo NextGenerationEU.
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales justifica la operación por la falta de instalaciones específicas para atender a este colectivo, especialmente castigado por la crisis migratoria de los últimos años. La carencia de recursos suficientes ha limitado la capacidad de respuesta de la administración ante una realidad social que no deja de crecer.
El proyecto del albergue social acumula ya más de una década de retrasos y promesas. La primera tentativa quedó enterrada cuando el edificio inicialmente destinado a este fin acabó siendo reconvertido en el Centro de Menores de La Esperanza, en San José-Hadú, también calificado en su día como “provisional”. No fue hasta 2021, en plena reactivación de proyectos gracias a los fondos extraordinarios derivados de la pandemia, cuando el Gobierno local reanudó públicamente su compromiso con este equipamiento social.
Hace un año se barajó la opción de en construirlo en las inmediaciones de los Grupos Solís aparece en los papeles. Pero con la una licitación, parece que esta ubicación, muy alejada de donde se ubica la Consejería de Asuntos Sociales, también queda descartada por las propias bases.
Un recurso estratégico cerca de Asuntos Sociales
El pliego establece que el inmueble debe estar situado en suelo urbano y cumplir con la normativa urbanística vigente. Además, se valora su proximidad a la actual sede de la Consejería de Asuntos Sociales para garantizar una coordinación operativa eficaz. Deberá tratarse preferentemente de una edificación ya construida, libre de uso y adaptada a las necesidades del servicio.
El edificio deberá contar con una superficie mínima construida de 600 metros cuadrados y al menos 15 metros de fachada a una calle principal. Se exigirá iluminación natural, accesibilidad, estado óptimo de conservación y la posibilidad de ocuparse de manera inmediata tras su entrega.
Capacidad para 45 personas y completamente equipado
El nuevo recurso social deberá estar preparado para alojar, como mínimo, a 45 personas. Las habitaciones serán dobles con baño propio, y al menos dos de ellas deberán estar adaptadas para personas con movilidad reducida. La distribución interna incluirá también:
- Un salón comedor de 55 metros cuadrados.
- Un aula de formación de 20 metros cuadrados.
- Dos despachos.
- Una recepción.
- Aseos comunes.
La dotación material es exhaustiva. El edificio se entregará amueblado con camas litera metálicas, colchones viscoelásticos, ropa de cama, toallas, armarios, cómodas, mesas de comedor y oficina, sillas, electrodomésticos, estanterías, televisores, ordenadores, proyectores, pizarras digitales y hasta plantas ornamentales.
Todo el mobiliario debe reunir condiciones de higiene, seguridad y funcionalidad para permitir el uso inmediato del inmueble. Asimismo, se exigirá la certificación energética, la posibilidad de dar de alta suministros básicos y que el edificio esté libre de cargas o deudas.
Fondos europeos, controles y plazos
El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de una subvención de más de 13 millones de euros destinada a varias actuaciones sociales en Ceuta. El contrato debe ejecutarse antes del 30 de junio de 2026.
Como parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el proceso está sujeto a exigencias comunitarias: cumplimiento de los principios ambientales (DNSH), control antifraude, protección de datos, transparencia y trazabilidad en el uso de fondos. Todo ello bajo supervisión de la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea.
El proyecto contribuirá a la creación de un nuevo recurso social en la ciudad para atender de forma más digna y eficaz a personas en situación de exclusión residencial, reforzando la red pública de atención en un contexto de creciente demanda.
