En febrero de 2014, un evento trágico en la playa de El Tarajal, Ceuta, marcó el inicio de un arduo camino para un agente de la Guardia Civil. Aquella fatídica mañana, como parte del dispositivo policial, el agente se encontró frente a un escenario desgarrador: 300 inmigrantes intentando cruzar a nado, cadáveres flotando y personas exhaustas alcanzando la orilla. Este día no solo significó una tragedia humanitaria, sino también el comienzo de una lucha personal para este Guardia Civil.
A pesar de las acusaciones y la controversia que rodearon el incidente, incluyendo denuncias por el uso de pelotas de goma contra los migrantes, el Tribunal Supremo finalmente archivó el caso en 2022. Sin embargo, para el agente, el impacto de aquel día fue mucho más profundo y duradero.
Los días posteriores al incidente, el agente experimentó pesadillas, irritabilidad y un sentimiento abrumador de culpa y miedo. Fue diagnosticado con trastorno adaptativo de ansiedad, una consecuencia directa de los traumáticos eventos vividos. A pesar de su dedicación y servicio, su estado emocional y psicológico se deterioró, culminando en una crisis de ansiedad durante otro intento de salto masivo en 2017.
La batalla legal del agente comenzó cuando el Ministerio de Defensa decidió su jubilación por motivos ajenos al servicio. Con la ayuda de un abogado especialista en derecho laboral, luchó en los tribunales para que se reconociera su incapacidad permanente como una consecuencia directa de sus experiencias en acto de servicio. Esta lucha culminó con éxito cuando la Audiencia Nacional le dio la razón, en una sentencia que no sólo reivindicaba su situación sino que también servía de apoyo a otros agentes en circunstancias similares.
La decisión del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº10, no solo reconoció el trastorno del agente como resultado de sus experiencias en El Tarajal, sino que también destacó la complejidad y el estrés inherente al trabajo de los agentes de la Guardia Civil en situaciones de alta tensión y peligro.
Este fallo judicial representa un reconocimiento crucial no solo para el agente afectado sino también para otros miembros de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad que enfrentan situaciones extremas en el cumplimiento de su deber. Marca un precedente en la consideración y tratamiento de las secuelas psicológicas derivadas de situaciones de alto estrés en el ámbito de la seguridad y la defensa.
