La Universidad de Granada (UGR) ha asignado una partida de 400.000 euros en su presupuesto de 2024 para cubrir las cuotas de la Seguridad Social de sus estudiantes en prácticas. Esta medida es una respuesta a la nueva ley que exige a los estudiantes en prácticas cotizar a la Seguridad Social.
Desde el comienzo del año, la UGR ha asumido este gasto. Sin embargo, la nueva normativa plantea desafíos adicionales, como la gestión de las altas y bajas del estudiantado. Según el informe de gestión de la UGR presentado en diciembre, la universidad está trabajando en la definición de actividades alternativas a las prácticas debido a la posible disminución de éstas y la dificultad de su gestión.
Plan de contingencia para las prácticas curriculares
La UGR ha diseñado un plan de contingencia para las prácticas curriculares, que son esenciales para que los estudiantes puedan obtener su título de grado. En muchas ocasiones, es la propia administración pública la que acoge a estos estudiantes en prácticas, como es el caso de colegios, institutos o centros sanitarios.
Recientemente, la UGR y el Instituto Nacional de Estadística (INE) firmaron una adenda de modificación del convenio para la realización de prácticas académicas no retribuidas. En ella se acordó que sería la Universidad de Granada la que asumiría los gastos de la Seguridad Social, lo que implica que la UGR se encargará de la gestión económica y administrativa correspondiente a las obligaciones de la Seguridad Social.
La gestión de las prácticas recae en las universidades
Este no es un caso aislado. La Conferencia de Rectores (CRUE) ha señalado en un comunicado que el 100% de las empresas y administraciones han delegado en las universidades la gestión de las prácticas. En el caso de la UGR, varios servicios del Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación (CSIRC) han participado activamente en la elaboración de un procedimiento y en la implementación de una plataforma y estructura de datos para cumplir con la normativa que obliga a la cotización de prácticas curriculares en Grado, Posgrado y Títulos propios.
Los rectores han criticado duramente que se haya dejado en manos de las universidades todo el peso de la gestión y pago de las cotizaciones. “A pesar de que la Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas”, señala el comunicado.
Cuestiones pendientes
El comunicado también destaca que es especialmente sorprendente que hayan sido los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones. Quedan cuestiones por resolver, como cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de MUFACE.
“Nos sentimos agraviadas, en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP”, concluye el comunicado. En el caso de la UGR, miles de estudiantes realizan cada año sus prácticas curriculares.
Las universidades calculan que el coste de las cotizaciones asciende a 9 millones. La UGR, por lo que le toca, estima la partida que deberá abonar en 400.000 euros. A esto se une “el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal”.
