La Delegación del Gobierno busca una fórmula para poner fin a la crisis abierta entre los residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La revuelta protagonizada por un grupo de subsaharianos el pasado sábado en el centro, ha puesto de manifiesto una situación de tensión en la convivencia que inquieta a las autoridades. El desencadenante del conflicto fue el hallazgo en la playa de San Amaro del cadáver de un joven de raza negra a quienes los subsaharianos del centro de acogida identifican con un compañero desaparecido y de cuya suerte responsabilizan a los argelinos.
Mientras las fuerzas de seguridad refuerzan la vigilancia en el centro de acogida, en la sede de la Plaza de los Reyes se evalúa qué medidas pueden resultar más efectivas para atajar los conatos de violencia que ya se han manifestado. La posibilidad de acelerar la salida de los residentes argelinos aliviaría la presión a la que hoy está sometida la convivencia en el CETI pero no parece una opción clara para las autoridades. Los responsables de la Delegación juzgan que una decisión de este tipo podría animar la entrada en Ceuta de nuevos contingentes de argelinos. Además, la salida de los magrebíes podría ser entendida como un agravio por los subsaharianos que aguardan su turno para viajar a la Península.
La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, mantuvo una conversación telefónica a última hora de ayer con el secretario general de Migraciones, Agustín Torres, para analizar la situación.
Denuncias de los argelinos
Desde que varias decenas de argelinos residentes CETI se concentraran a finales de octubre en la Plaza de los Reyes para denunciar la existencia de mafias que les extorsionaban y agredían, la situación de este grupo de magrebíes ha pasado a protagonizar buena parte de las noticias relacionadas con la migración en Ceuta.
Los problemas en torno a los argelinos han corrido paralelos al incremento de su número durante el último año. Según datos de la Delegación del Gobierno, su población se triplicó en este tiempo.
Las denuncias de los migrantes de esta nacionalidad señalan como responsables de los acosos y agresiones que han venido padeciendo en los últimos tiempos a sus propios compatriotas. De hecho, tras las denuncias, la Policía Nacional desarticulaba dos grupos dedicados a sojuzgar a los residentes del CETI con el reclamo de un billete para un viaje clandestino a la Península a cambio de cantidades que oscilaban entre los 1.000 y 2.000 euros. En estos grupos, que no dudaban en recurrir al engaño para apropiarse del dinero de los migrantes, figuraban cuatro argelinos.
Las disputas entre argelinos han dejado paso al enfrentamiento abierto entre los magrebíes y los subsaharianos en el CETI, unas rencillas que siempre han existido pero que se han manifestado de forma violenta tras la aparición del cadáver en San Amaro. La investigación policial, a expensas de los resultados de la autopsia, continúa para determinar las causas que rodearon la muerte del migrante, aunque la brecha abierta entre subsaharianos y argelinos se ha convertido ya en un problema añadido a la de por sí compleja situación de la migración en la ciudad.
