La Fiscalía ha defendido pedido este martes ante el Tribunal Supremo que el procedimiento seguido para la devolución a Marruecos de un grupo de menores extranjeros se ejecutó sin ninguna garantía. La Sala de lo Contencioso del Supremo ha albergado este martes una vista para analizar los recursos planteados por la Ciudad y la Abogacía del Estado contra una de las sentencias condenatorias que se impusieron por estos hechos. El fiscal ha reclamado que se confirme la condena por considerar que el proceso seguido no ofreció las garantías legales necesarias pues ni tan siquiera se procedió a la identificación de los menores.
La devolución de los menores marroquíes se produjo tras la crisis migratoria que en mayo de 2021 sufrió Ceuta con la entrada de unas 10.000 personas a la ciudad de manera irregular ante la pasividad de las autoridades del país vecino.
El fiscal ha subrayado que los perjudicados fueron menores en situación de desamparo que deberían de haber tenido una protección especial por su vulnerabilidad. Según ha argumentado, ni la Fiscalía participó en el proceso y no se llegó a nombrar ningún defensor judicial.
La representación legal de la Coordinadora de Barrios, oenegé personada en el proceso, ha señalado que la conducta de la Administración en este caso puso a los niños en situación de riesgo.
Los argumentos de la Fiscalía y la Coordinadora de Barrios han sido contradichos por la Abogacía del Estado, que ha basado su argumento en la dificultad de aplicar todo el procedimiento legal ante las circunstancias «extraordinarias» que se dieron en esos días en Ceuta. El representante legal del Estado en el procedimiento ha defendido que los derechos de los menores estuvieron protegidos en todo momento.
La representación de la Ciudad ha hecho referencia a la falta de colaboración prestada por el Gobierno marroquí y ha calificado de «invasión» la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.
