Imbroda dice que Marlaska mantiene una «actitud de sobrado» frente a la inmigración en Ceuta y Melilla

El presidente melillense  considera que la sentencia del Supremo invita a cumplir con el actual marco legal o bien a promover reformas para cambiarlo, pero ha insistido que, en todo caso, los poderes públicos han de observar siempre la legislación vigente

Imbroda y Vivas, durante la reunión (CEDIDA)
photo_camera Imbroda y Vivas, en los prolegómenos de una reunión (CEDIDA/ARCHIVO)

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha unido a los críticos del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su gestión de la crisis migratoria vivida en Ceuta en 2021. Imbroda ha reclamado la dimisión del ministro, al que ha acusado de mantener una «actitud de sobrado» en todo lo concerniente al fenómenos migratorio en las dos ciudades autónomas. Imbroda ha hecho estas manifestaciones después de que el Tribunal Supremo dictara ayer una sentencia en la que declara ilegal la expulsión a Marruecos de grupos de menores extranjeros ordenada por el Ministerio en agosto de 2021. La resolución considera que la Administración obvió los procedimientos legales establecidos para este tipo de repatriaciones y puso en riesgo la integridad física y moral de los menores.

El presidente melillense  considera que la sentencia del Supremo invita a cumplir con el actual marco legal o bien promover reformas para cambiarlo, pero ha insistido que, en todo caso, los poderes públicos han de observar siempre la legislación vigente. «Aquí ha pasado muchas veces y ha habido devoluciones con la ley en la mano y asistencia jurídica para los que tenían que ser expulsados, y eso parece ser que no lo cumplieron», ha argumentado.

Pese a sus críticas al procedimiento y al propio Marlaska, Imbroda no ha hecho alusión al papel jugado en la repatriación de los menores por el Gobierno de Ceuta, liderado por el popular Juan Vivas. El Ejecutivo ceutí colaboró con la Delegación del Gobierno en la organización de la expulsión y, posteriormente, justificó el procedimiento seguido por considerarlo legal y presidido por la defensa del interés del menor. De hecho, tanto la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, como la exconsejera de Gobernación, Mabel Deu, se encuentran procesadas judicialmente por este caso.

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