La devolución de los menores de Ceuta a Marruecos entre el 13 y el 15 de agosto que el Gobierno activó vulneró los derechos de los niños. Así lo ha estimado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta que, además, ha ordenado a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma -que fue la que coordinó el operativo- que “adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados”.
En dos sentencias del pasado 14 de febrero el magistrado explica que la administración actuó al margen de la legalidad porque no se hicieron los trámites obligatorios para analizar caso a caso y determinar si era preceptiva la repatriación. “Ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”, dice la sentencia.
Esta es la respuesta de la justicia a los recursos interpuestos por dos ONG -Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces- que en este momento de agosto paralizó la entrega porque la delegación de Gobierno de Ceuta tenía el visto bueno del Ministerio del Interior para continuar con la devolución de más migrantes. Este juez frenó cautelarmente las repatriaciones a la espera de analizar a fondo si existían las garantías necesarias.
Ahora el juez ha entrado, por tanto, en el meollo de la cuestión y aclara en esta sentencia que sí se vulneraron los derechos de los menores: “Todas las carencias referidas conducen a estimar que nos encontramos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez sean repatriados”.
