La Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios han celebrado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ceuta que ordena a la Delegación del Gobierno en Ceuta a retornar a varios menores que entraron a España desde Marruecos en mayo de 2021 y fueron repatriados en agosto, asegurando que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
"En agosto cientos de niños volvieron a ser repatriados ilegalmente, solo pudimos defender a algunos de ellos y hoy la Justicia vuelve a dar un varapalo al Gobierno reconociendo que los derechos de la Infancia deben primar sobre el control de nuestras fronteras", ha subrayado la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, tras conocer la sentencia.
Según explican, estos niños entraron en Ceuta, sin la protección de ningún adulto, cruzando la frontera del Tarajal abierta por el Reino de Marruecos en mayo de 2021. Al estar en situación de desamparo, fueron acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo alojados primero en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal y después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde residieron hasta el comienzo de las repatriaciones el 13 de agosto.
En aquellos días de agosto, ante el miedo de ser expulsados a Marruecos, ochenta menores, entre ellos los veinte a los que se refieren las sentencias, designaron a abogadas de, entre otras, Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios para su defensa.
El trabajo conjunto de las organizaciones Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Elin, Ex Menas Madrid, Fundación Raíces, Gentium, Maakum y No Name Kitchen para denunciar por distintas vías la ilegalidad de estas repatriaciones ejecutadas por Delegación de Gobierno en Ceuta, desembocó, entre otros, en estos dos procedimientos que ahora resuelve el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta.
"El Juzgado ha declarado que la Delegación de Gobierno repatrió niños sin valorar su interés superior, sin respetar el procedimiento legal y sin comprobar previamente en qué situación quedarían esos niños una vez repatriados. Esta actuación vulneró los derechos de los niños repatriados y expulsó de los centros a cientos de niños que huyeron del sistema de protección por miedo a correr la misma suerte", ha señalado la abogada de Fundación Raíces, Paloma García de Viedma.
Según precisa, "son muchos los niños desaparecidos por esta causa" y, por ello, pide que, "de una vez por todas, la administración reconozca que erró en su actuación y centre sus esfuerzos en adelante en reparar el daño causado, cumplir la ley, proteger adecuadamente a los niños y niñas que llegan a España solos y respetar sus derechos escrupulosamente".
En esta línea, el presidente de la Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, ha exigido "que el Gobierno se comprometa decididamente con los Derechos de la Infancia Migrante, que cese las devoluciones sumarias sobre niños, niñas y personas vulnerables".
Además, la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, ha dicho que celebran estas sentencias pero advierte de que "otros niños y niñas fueron expulsados a Marruecos de manera ilegal entre mayo y agosto, que no pudieron contar con defensa letrada y de los que ninguna administración se ha preocupado".
"Estos niños y niñas seguirán corriendo graves riesgos para mejorar sus vidas, dejando en evidencia una y otra vez a unas administraciones públicas que les niegan la protección a pesar de encontrarse solos en España", ha zanjado.
