Durante la reciente campaña de las elecciones del 28 de mayo, Ceuta vio como la municipalización del servicio de limpieza se erigía como una cuestión de conflicto entre los diferentes partidos.
No es la primera vez, ni los primeros comicios, donde los caballas han recalcado la necesidad de mejorar, sobre todo en las barriadas de la periferia, este servicio. Tal es así que el líder político del principal partido de la ciudad llegó a plantear convertir en público este servicio, que actualmente presta la empresa TRACE.
Convertir la limpieza en un servicio público puede conllevar múltiples ventajas, como mayor control y transparencia en la gestión y la posibilidad de reorientar los beneficios hacia la mejora de las infraestructuras sanitarias de la ciudad.
El problema de este asunto, en nuestro caso, radica en la potencial politización debido al pasado sindical en TRACE del recién elegido líder de la oposición, Juan Gutiérrez. Este antecedente puede ser usado, en la política partidista, para debilitar su posición dentro del PSOE. Mientras los representantes de los partidos en la Asamblea sean los mismos, plantear esta cuestión, como meramente técnica, puede parecer poco transparente para la ciudadanía.
Cualquier transición, del servicio de limpieza al ámbito público, debe asegurar que las condiciones laborales de los trabajadores de la limpieza no se vean perjudicadas. Éste ha sido el caballo de batalla del candidato socialista ante las ambiciones de Juan Vivas y su propuesta. La incertidumbre que envuelve el futuro de estos trabajadores, en caso de la municipalización del servicio, es un problema que debe abordarse de manera honesta y respetuosa. Es imperativo garantizar que los trabajadores no sean quienes paguen el precio de esta transición.
Existen ya experiencias de otras localidades como es el caso de Astorga, aunque podríamos mencionar otras, véase las de León, Rivas o Terrassa. La municipalización de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria ha demostrado que tiene un gran potencial de ser económicamente viable y sostenible.
De acuerdo con un riguroso estudio de viabilidad, el coste anual de un servicio mejorado y modernizado se estimó en 1.092.661,47 euros, apenas 51.441,96 euros más que supuso duplicar la capacidad de la empresa municipal en esta ciudad que hemos tomado como ejemplo, Astorga.
Además, en este caso, la inversión necesaria para la completa modernización del servicio, incluyendo la adquisición de nueva maquinaria e instalaciones, fue financiada mediante un crédito bancario con un interés mínimo de sólo 0,012%. Este enfoque no solo desembocó en una carga financiera prácticamente inapreciable para la hacienda municipal, sino que también evitó aumentos en los porcentajes de deuda viva durante los próximos ejercicios fiscales. Este caso respalda la idea de que la municipalización es una opción económicamente viable y sostenible para mejorar los servicios de limpieza en las ciudades.
El posible conflicto entre los grupos parlamentarios y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en esta cuestión puede hacer perder de vista el objetivo de mejorar la ciudad y la vida de sus habitantes. La esencia de cualquier medida adoptada debe radicar en el beneficio público y no en el juego político. La elección final debe ser aquella que mejor responda a las necesidades de la ciudad y su gente, evitando la tentación partidista que siempre estará presente.
La decisión de utilizar este asunto como herramienta política, o como instrumento al servicio de los ciudadanos, recae en la conciencia de aquellos que decidan hacer de la política un instrumento al servicio de su partido o de los ciudadanos.
También existe la posibilidad de las mentes geniales de los asesores con sana intuición política que, como en un acto de magia, saben aunar el beneficio público con la estocada al adversario.
