La Consejería de Medio Ambiente ha reclamado por escrito a la dirección de Trace, concesionaria del servicio público de limpieza, que sus camiones comiencen a recoger las basuras de los acuartelamientos militares de la ciudad. El requerimiento de Medio Ambiente se produce cuando se cumplen diez días desde que los trabajadores decidieran dejar de prestar el servicio en las instalaciones de Defensa.
Las autoridades municipales apelan al artículo 57 de la ordenanza de limpieza que establece la ubicación de los contenedores de basura en lugares que resulten accesibles a los servicios de recogida. De este modo, la Consejería pretende neutralizar el argumento esgrimido por los representantes de los trabajadores para negarse a prestar el servicio. Según mantiene el comité de empresa, los operarios no tienen la obligación de entrar en recintos privados para el desempeño de su trabajo, en este caso, en las dependencias militares.
La exigencia de Medio Ambiente ha encontrado la respuesta inmediata del comité de empresa, que, a su vez, ha remitido a la dirección de Trace un escrito por el que advierte de que la plantilla no prestará el servicio. Los sindicalistas insisten en que sólo si los contenedores se ubican en el exterior de las dependencias militares, los operarios accederán a la demanda del Ayuntamiento.
En su escrito, el comité ofrece una interpretación distinta del artículo de las ordenanzas esgrimido por Medio Ambiente y asegura que recurrirá a “todo tipo de movilizaciones” si la empresa impone sanciones a los trabajadores. Los representantes de los trabajadores no descartan, incluso, una paralización total del servicio que Trace presta a la ciudad.
Antecedentes
La recogida de basuras en los acuartelamientos fue desempeñada por la empresa Limpiasol hasta el pasado 31 de diciembre. La Ciudad asumió desde esa fecha el servicio, que comenzó a prestarse en los primeros días del año hasta que los trabajadores plantearon su negativa a continuar.
Los representantes del comité recuerdan que Limpiasol mantenía con Defensa un convenio valorado en 140.000 euros que, además, obligaba a la subrogación de dos trabajadores empleados desde hace años en este servicio. Ahora, los sindicalistas se preguntan por los motivos que han movido a la Ciudad a integrar estas tareas entre las recogidas en la concesión que gestiona Trace.
La plantilla argumenta que la recogida de basuras en cuarteles no figura en el contrato de adjudicación del servicio de limpieza pública. “No sabemos qué ha pasado con ese convenio de 140.000 ni por qué los dos trabajadores que tenían derecho a ser subrogados están hoy en el paro”, concluye el secretario del comité de empresa, Juan Gutiérrez.
