El Gobierno de la Ciudad Autónoma a través de la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos acaba de abrir desde este martes, por un periodo de 20 días, a participación pública la elaboración del proyecto de ordenanza de una Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Ciudad. Dicha ZBE es obligatoria por normativa Europea, y su ausencia podría conllevar la restricción de Ceuta en el acceso a Fondos Europeos. La Ciudad va tarde, el plazo oficial para contar con ella expiró el pasado 31 de diciembre de 2022, y tras una especie de prórroga acabó de forma definitiva el pasado 31 de diciembre de 2023.
Si bien, para que usted o cualquier otro ceutí o entidad haga aportaciones a esa futura ordenanza que delimitará una Zona de Bajas Emisiones, en la que se prevé que habrá restricciones al uso de vehículos, el Ejecutivo y la Consejería de Fomento no han dado apenas información y la memoria que puede consultarse de forma pública está plagada de generalidades.
Se pide opinión a la ciudadanía, pero se ofrece más bien un folio en blanco para hacer aportaciones. Tanto así que el documento se compone de 4 apartados:
A) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. B) La necesidad y oportunidad de su aprobación. C) Los objetivos de la norma (son un calco del apartado a. Y d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los apartados a y c, problemas a solucionar y objetivos, que coinciden plenamente establecen que la idea que se persigue con la Zona de Bajas Emisiones es “mejorar la calidad del aire” y por tanto “la salud de los ciudadanos” mediante la reducción de emisiones contaminantes salidas de los tubos de escape de los vehículos, y también el ruido del tráfico.
Menos emisiones, menos calentamiento global y menos cambio climático. Otro de esos objetivos/problema a solucionar está en la reducción del “consumo de combustibles fósiles, al impulsar la electrificación de los modos de transporte”. Y por un último, con todo eso se pretende “mejorar la calidad de vida urbana, al promover una movilidad más sostenible y aumentar el número de vías peatonales y zonas verdes”.
Para explicar el apartado b, la necesidad y la oportunidad de la aprobación de una ordenanza que establezca una Zona de Bajas Emisiones, el documento remite precisamente a la obligatoriedad de contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que se deben incluir zonas de bajas emisiones. Es decir, es obligatorio por una Ley de mayo de 2021 que en realidad da traslado en España de la normativa emanada de la Unión Europea. Pero además, en la memoria en este apartado se hace referencia a que hay fondos europeos en marcha, los Next Generation, que abren “una oportunidad idónea para la financiación y la puesta en marcha de este tipo de iniciativa”. Lo cierto es que la Ciudad sigue sin PMUS y que eso ya ha propiciado no poder concurrir a ayudas europeas como sí pudo hacer Melilla que ha recibido ya hasta casi 7 millones de euros en dos convocatorias que eran competitivas y que establecían como uno de los requisitos mínimos contar con PMUS aprobado.
¿Restricciones?
Y por último, la memoria plantea, también a modo genérico “posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias”. Se proponen 4 regulatorias y 5 no regulatorias, pero siempre en modo genérico o condicional, sin que se concrete ninguna de ellas en medidas reales.
Por ejemplo, se habla de restringir el acceso de “vehículos altamente contaminantes en ciertas áreas urbanas o periodos del día”. Pero ni se especifica cuáles serían esos “vehículos altamente contaminantes” ni se propone área alguna o periodo del día concreto.
Otra opción, también habitual en estas ZBE en algunas ciudades es la de establecer peajes o tarifas para poder usar determinados espacios urbanos con el vehículo. Pero tampoco se concreta nada. Es una posibilidad cierta, como lo es que las ordenanzas puedan abrir un periodo de consulta pública para permitir opinar a la ciudadanía.
Igual sucede con ofrecer incentivos fiscales a quienes apuesten por vehículos de bajas emisiones. Ya sucede en realidad. Este mismo martes se ha conocido que España ha batido su récord de matriculación de vehículos de lujo (más de 60.000 euros de precio) batiendo a su vez el récord a la baja de la tributación por estos modelos de vehículo.
El cuarto punto de las medidas regulatorias, en realidad entraría dentro del tercero al hablar de ofrecer “subsidios para vehículos limpios”, en definitiva ofrecer ayudas económicas, además de incentivos fiscales a quienes transiten hacia vehículos menos contaminantes con la mira puesta específicamente en los modelos eléctricos.
En lo tocante a lo no regulatorio, se habla de desarrollar puntos de cargas para vehículos eléctricos. Ceuta va con retraso respecto al resto del país en este asunto. O también de mejorar el transporte público. Tampoco parece que la propia Consejería de Fomento se haya esforzado demasiado en su primer año como responsable del bus urbano en introducir mejoras que propicien dejar el coche en casa por la facilidad para desplazarse que ofrece el autobús.
Fomentar el ciclismo y la peatonalización sería otra de esas medidas no regulatorias. Ceuta cuenta a día de hoy con un único carril bici, el que recorre el barrio de la Estación del Ferrocarril, no se esperan nuevos carriles en el corto plazo; y respecto a nuevas peatonalizaciones, el Gobierno renunció a prolongar la peatonalización de la calle Real hasta la plaza Azkárate, uno de los proyectos que precisamente podría haber recibido fondos europeos.
También se habla de sensibilizar y educar mediante campañas o de ofrecer incentivos para compartir viajes. Pero de nuevo, como en el resto del documento sin concretar ninguna idea.
PMUS
Sorprende esta indefinición a la hora de ofrecer una base sobre la que realizar sugerencias con el extenso pliego de condiciones que debía cumplir la empresa Tool Alfa que se llevó por cerca de 17.000 euros la elaboración de un documento técnico que abriera paso a concretar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Melilla por poner un ejemplo cuenta con ese documento aprobado desde 2015. En Ceuta se lanzó una web en 2022, hoy da error, precisamente también para recoger aportaciones de los particulares. Y aunque en marzo de 2022 las conclusiones estaban ta en fase de elaboración, en febrero de 2023 se formalizó un contrato con Tool Alfa, tras la licitación a la que concurrieron 17 empresas, para que elaborara un documento técnico que diera paso al PMUS local.
El pasado agosto, mediante decreto, el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, amplió el plazo para entregar ese trabajo a la empresa hasta el pasado 22 de diciembre.
Ni la propia empresa, ni el Gobierno han sido capaces este martes de concretar nada al respecto de ese documento tras ser consultados por este medio. En los pliegos de ese contrato se exigía a la empresa la recopilación de un importante número de datos referidos a la calidad del aire, la densidad del tráfico, el nivel de ruido de las diferentes áreas urbanas provocado por ese tráfico, la normativa jurídica aplicable así como la propuesta de soluciones. Algunos Ayuntamientos han aprovechado los Planes de Movilidad Urbana Sostenible incluso para atacar a la regulación del uso de espacios públicos por la hostelería y otros negocios.
Ahora, eso sí, parece que al fin, el Gobierno avanzará en algo que ha hecho que Ceuta pierda el tren de poder recibir ayudas europeas para estos asuntos hasta la fecha. Usted y la ciudadanía en general cuenta ahora con 20 días para hacer sugerencias y aportaciones, aunque de momento, las mismas tendrán más que ver con su imaginación que con la información real disponible para hacer aportaciones.
Por si quiere buscar alguna información extra, a finales de 2022 se contó que en aquel entonces en Ceuta se producían 250.000 desplazamientos en vehículos cada día. De ellos, sólo 19.000 se hacían en transporte público (15.000 billetes de bus y 4.000 carreras de taxi). Y todo sobre una red viaria sin apenas cambios en 3 décadas. A la vista de esos datos, en los trabajos de avance del PMUS ya se dejaba claro que el ceutí no usa el bus porque no lo concibe como una alternativa real para sus desplazamientos dado que el servicio es malo.
Y esta es la situación después de que el Gobierno creara durante la legislatura pasada una Oficina de Cambio Climático, que invirtió 80.000 euros en adeudar oficinas, y otros pocos miles de euros en organizar una Feria de Movilidad Sostenible, además del coste de personal.
