Con el precio del metro cuadrado en Ceuta rondando los 2.000 euros, el Gobierno de Ceuta, representado por su portavoz Alejandro Ramírez, sostiene que la Ley de Vivienda "atenta contra la propiedad privada y la libertad de mercado". Ramírez argumenta que existe una falta de consenso entre las comunidades autónomas y que solo Cataluña apoyó su aprobación, por lo que no declararán a la ciudad 'zona residencial tensionada'.
Ramírez, por su parte, ha expresado su desacuerdo con la norma, defendiendo sus declaraciones con el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico proyectado para que Ceuta y Melilla puedan contar con un plan real de vivienda social.
Ha recordado que la mayoría del suelo de la ciudad pertenece al Estado. En este sentido, ha confirmado que el gobierno está trabajando y cumpliendo los plazos marcados respecto a la cesión del suelo de Defensa, lo que representa una oportunidad muy importante para el desarrollo urbanístico de Ceuta, no solo en términos de vivienda.
El portavoz ha destacado las colaboraciones público-privadas y los sistemas de ayuda a la vivienda. Ha resaltado el trabajo de Emvicesa para lanzar dos convocatorias importantes que permitirán reducir el precio del alquiler.
La primera convocatoria busca ayudar a los promotores privados a vender viviendas en solares con precios tasados a familias, las cuales recibirán una ayuda aproximada de 30.000 euros para su adquisición. Con un presupuesto de 18 millones, se espera construir alrededor de 660 viviendas.
En segundo lugar, se ha referido al derecho de superficie por largos periodos de tiempo que Ceuta, al igual que otras comunidades, pondrá a disposición de los promotores para la construcción de viviendas con un precio tasado.
