El candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Feijóo, ha contactado con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, después de la entrada en vigor de la rebaja de las bonificaciones a la Seguridad Social que afecta a los trabajadores y empresarios ceutíes. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, en la mañana de este martes en rueda de prensa.
Ramírez ha explicado que Feijóo se interesó por la situación de la Ciudad tras la aplicación del Real Decreto 1/2023, que modifica el régimen especial de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, reduciendo el 50% de bonificación que tenían hasta ahora. Según el portavoz, el candidato popular apoyó el mantenimiento del sistema anterior durante la campaña electoral de las elecciones generales del pasado mes de abril.
El Real Decreto 1/2023, aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, supone un aumento de los costes laborales para las empresas y los autónomos de Ceuta y Melilla, que ven reducida su competitividad frente a las regiones peninsulares y los países vecinos, según los populares. El Gobierno local ha denunciado que esta medida es contraria al Estatuto de Autonomía y al principio de solidaridad territorial, y ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Los populares siempre han defendido “volver al modelo anterior” a la entrada en vigor del Real Decreto 1/2023, de 10 de enero.
El Partido Popular no ha escondido su oposición a la modificación en las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Para los de Vivas “es una problemática” porque “se produce un cambio importante en una norma que, hasta la fecha, lo que ha traído es seguridad jurídica en cuanto a la aplicación, sobre todo, para la llegada de nuevas empresas”.
Ramírez ha insistido en que con la anterior normativa las empresas “sabían que, por instalarse en Ceuta, tenían una bonificación directa, prácticamente al día siguiente de contratar a la persona, del 50% en las contingencias comunes de la Seguridad Social”. El portavoz ha señalado que la entrada en vigor de la nueva ley ha supuesto “un atraso en cuanto al grupo de ventajas fiscales, de nuestro régimen fiscal”.
