El vetusto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992 ya es historia. Tras décadas de dilaciones y paralización administrativa, el documento era aprobado a finales del pasado año por la Asamblea. El nuevo planeamiento ha de inaugurar una nueva época en el urbanismo ceutí, aunque ello acabará dependiendo de la gestión del actual y los futuros gobiernos de la Ciudad.
Una de las entidades que más activamente ha reclamado a lo largo de los años la redacción y aprobación de un nuevo PGOU ha sido el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COAC). «El PGOU encarna el modelo de ciudad que queremos», sostiene el decano del Colegio, José Moya.
La ciudad ha fiado durante años su diseño y proyección urbanística a un Plan General creado para una ciudad que ya no existía. ¿Qué podemos esperar de la nueva etapa que se abre con la aprobación del nuevo PGOU?
En primer lugar, hay que aplaudir que finalmente el PGOU se haya aprobado. Había una queja general compartida por el propio Colegio y por todos los agentes a los que afecta la aprobación de este Plan -constructores, promotores y empresas asociadas al sector: que el Plan ya nacía obsoleto. Y realmente es así porque la revisión se ha demorado demasiado tiempo. Aunque siempre es preferible disponer de un plan actualizado que seguir trabajando con uno de 1992, que era el que teníamos.
Aún es muy pronto para hacer una valoración sobre cuál ha sido el impacto del nuevo PGOU. Siempre me preguntan si se está notando el efecto de la aprobación. La realidad es que no. Aún no porque es pronto. Los efectos de la entrada en vigor del Plan empezaremos a verlos a partir de mediados de 2025, con toda seguridad.
Lo que sí ha provocado este retraso en la aprobación del PGOU ha sido la caída en picado del negocio de la construcción. Los movimientos han empezado a continuación de que se anunciara la aprobación del Plan. Todos los proyectos que estaban ya redactados y que permanecían en los cajones han comenzado a moverse poco a poco porque ahora sí tienen una rentabilidad.
Ahora hay una alta demanda de vivienda. Una oferta mayor de vivienda finalmente ajustará los precios. Seguramente en los próximos años veremos cómo el precio de la vivienda de segunda mano, que ahora mismo está por las nubes, bajará: tiene que hacerlo y ajustarse al mercado en el momento en que empiece a ponerse a disposición vivienda de obra nueva.
Ceuta es una ciudad con profundas desigualdades económicas y sociales. ¿Cómo recoge el urbanismo la huella de la desigualdad en una ciudad?
Un plan general recoge no solamente cuáles son los suelos y las condiciones en las que se puede edificar sino también una estructura de dotaciones, equipamiento, espacios libres, espacios verdes, viales, infraestructuras… Todo esto al final conlleva una mejora para la vida de los ciudadanos. Venimos de una ciudad heredada de los años 80, una ciudad en la que se entendía la sociedad de otra manera.
Todo estaba más enfocado a la optimización de recursos, a la mayor rentabilidad y ahora parece, a raíz sobre todo de la pandemia del covid, que queremos volver un poco a unos espacios más amables, más amplios, a un mayor contacto con la naturaleza.
Ese tipo de cuestiones son las que contempla un plan general. No solamente están los aspectos económicos, que tienen mucho peso, claro, sino también qué modelo de ciudad queremos de aquí a ocho años, que es el periodo en que debe desarrollarse un plan.
La desigualdad se ve en el urbanismo y se debe atender. Los planes generales son una de las herramientas ideadas para paliar, o al menos tratar de disminuir, esas diferencias sociales.
Tradicionalmente se le reprocha al Gobierno de la Ciudad que todas las inversiones van al centro. Esto no es así. Las actuaciones que contempla el Plan abarcan todo el ámbito de la ciudad. Con el anterior Plan, obsoleto, muchas zonas se han ido desarrollando al margen del planeamiento. Se hacían planes parciales sin estar vinculados al resto del territorio.
Esto no permitía hacer una planificación macro o a gran escala, considerando, por ejemplo, que si en un lugar hay una población de 3.000 personas más, esas personas requerirán guarderías, colegios, institutos, hospitales… De esta manera es cómo el planeamiento intenta reducir esas desigualdades.
Seguramente en los próximos años veremos cómo el precio de la vivienda de segunda mano, que ahora mismo está por las nubes, bajará
El Colegio de Arquitectos ha convertido la reivindicación de una ley del suelo para la ciudad en uno de sus estandartes. ¿Por qué resulta necesaria una norma como esta?
Nosotros seguimos con una ley del suelo preconstitucional. Ceuta es una ciudad con una población grande para una superficie de suelo muy reducida. Esto provoca una gran densidad y cantidad de problemas con las distintas afecciones. En una franja de terreno de apenas 14 kilómetros tenemos la afección de Costas, la de Defensa, la de AENA, la de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir...
Esto implica que para tomar decisiones sobre cómo se debe articular nuestro territorio debemos recurrir a informes sectoriales de todos estos órganos, cada uno con sus intereses propios y cada uno, además, sin representación en la ciudad. Al final tenemos que ir a Sevilla o a Madrid, donde no conocen la realidad de Ceuta. Entonces se dan situaciones tan grotescas como que, por ejemplo, la línea de protección de Costas acabe protegiendo zonas que ni siquiera están edificadas o que se meten en el territorio y no tienen nada que proteger.
Al final siempre habría que recurrir a estos agentes para pedir sus informes favorables, pero la diferencia estriba en que con una ley del suelo tendríamos una cierta flexibilidad pues estarían todos bajo el paraguas de una norma que lo regularía todo.
El Ministerio de Defensa anunció meses atrás su intención de desafectar terrenos de su titularidad que acabarían en manos de la Ciudad para la construcción de vivienda. ¿Qué calado tiene esta decisión sobre el diseño futuro de la ciudad?
Eso es un anuncio fantástico. La promesa de desafectación de esos suelos genera una oportunidad increíble para Ceuta. Esto en pocas ocasiones se da. Con una buena planificación esas barriadas que se suponen periféricas podrían convertirse en nuevas centralidades.
Es cierto que lo primero que todo el mundo empieza a pensar es en construir viviendas. Pero hay que ser un poco más ambiciosos y hacer una lectura más amplia: ver cómo ha crecido Ceuta, atender a cuáles son las necesidades que requieren esas zonas concretas de la ciudad… ¿Será necesario edificar viviendas? Sin duda, pero también hará falta equipamiento, espacios libres, dotación de hospitales, guarderías, y todo para garantizar a eso barrios calidad de vida.
La desigualdad se ve en el urbanismo y se debe atender. Los planes generales son una de las herramientas ideadas para paliar, o al menos tratar de disminuir, esas diferencias sociales.
La Ciudad ha adoptado como procedimiento habitual la encomienda de proyectos y obras a la empresa pública Tragsa y a su filial Tragsatec. El Colegio y los operadores del sector han denunciado reiteradamente que con esta práctica la Administración local no hace sino perjudicar a las empresas y a los profesionales ceutíes. ¿Tiene alguna esperanza de que el Gobierno municipal atienda sus objeciones?
La situación no ha cambiado, de hecho ha ido a peor. La Ciudad utiliza a Tragsa, Tragsatec y otras tantas empresas que están consideradas medios propios porque es legal hacerlo. Pero es que en Ceuta se está haciendo uso de estas empresas para cualquier tipo de obra.
El Colegio creó en su día una comisión específica para sostener nuestros argumentos con datos reales. Según nuestros estudios, desde 2019 el encargo a medio propio de proyectos y asistencia técnica, que es aquello de lo que nos encargamos los arquitectos, ha pasado de un testimonial 18% al 95% de 2023. Es decir, prácticamente el 100% del encargo de proyectos se ha hecho a Tragsatec. Y si nos vamos a las obras, ocurre algo similar: pasamos del 18,32% de 2019 al 74,73% de 2023.
Esto genera varios problemas. Por un lado, cercena por completo la libre competencia porque no da la posibilidad ni siquiera de acceder a ese tipo de contratos. Y por otro, que es lo que preocupa más al Colegio de Arquitectos, favorece una ciudad y unas construcciones mediocres.
Quiero explicar esto. El hecho de que la obra pública salga a licitación, que se formalice a través de figuras como, por ejemplo, los concursos de arquitectura, permite que haya cantidad de mentes pensantes para obtener el mejor resultado desde el punto de vista de la eficiencia, de la optimización de recursos, de la sostenibilidad e, incluso, de la calidad arquitectónica. En el momento en el que el encargo se hace directamente a Tragsatec, no podemos saber qué tipo de técnicos hay detrás, si están especializados, si tienen experiencia, si disponen de algún tipo de formación específica…
Es decir, esta práctica no solamente imposibilita la libre competencia sino que también devalúa la calidad del producto final.
Pero la Ciudad mantiene que estas encomiendas permiten reducir los plazos de ejecución de las obras y conllevan una reducción de costes para las arcas públicas…
Tampoco es cierto. El Colegio ha hecho un seguimiento de los proyectos más singulares que se han promovido en los últimos años (Gran Vía, el pabellón Díaz-Flor…). Parece que el encargo a esta empresa se justifica por la reducción de plazos. Pero si hacemos un seguimiento de esos contratos -y tenemos los datos- vemos que sí han requerido ampliación de plazos.
Esas ampliaciones de plazos siempre vienen motivadas por defectos de forma en los contratos o en los proyectos, que acaban requiriendo proyectos modificados. Si se hiciera una licitación, un concurso bien armado, el redactor del proyecto, que tiene plena responsabilidad sobre el mismo, ya se cuidaría mucho de que no surgieran esos inconvenientes.
La promesa de desafectación de suelo por Defensa genera una oportunidad increíble para Ceuta
Hace unos años el Colegio atravesó una situación crítica que llevó, incluso, a plantear la posibilidad de su cierre. ¿Cuál es el estado de salud actual de la institución?
La situación del Colegio, vamos a decir, ahora es estable. Vamos a dejarlo ahí. Realmente no es que haya mejorado sino que hemos puesto todo nuestro ingenio al servicio del Colegio y de la economía para intentar subsanar ese momento crítico que pasamos. El Colegio se mantiene por la cuota colegial que aportan los propios colegiados y por el ingreso derivado de los visados colegiales.
Para que se haga una idea, tenemos la cuota colegial más alta de toda España. También tenemos una de las cuotas de visado más altas de todo el país. Pero, al no haber obra de edificación, obra de rehabilitación de envergadura, apenas entran ingresos por esta vía. ¿De qué manera hemos salvado los muebles? Reduciendo gastos al mínimo posible.
El interés del Colegio pasa por la representación y defensa no solamente de los intereses de los arquitectos sino de los intereses de la sociedad. Tratamos de defender una arquitectura de calidad, una ciudad con mejores espacios públicos.
Para sostenerlo necesitamos que retorne la actividad económica, que se vuelvan a visar proyectos, lo que redundaría en el saneamiento de la economía del Colegio.
Antes hablábamos de las encomiendas de la Ciudad. Pues bien, toda esta obra pública que se encarga a Tragsatec no requiere de visado porque esa empresa tiene una oficina propia de supervisión. Eso también ha hecho daño al Colegio.
