CCOO expresa su preocupación por “el grave deterioro” de los servicios públicos gestionados por empresas privadas en régimen de concesión administrativa o de contrata para la realización de una obra o servicio determinado. Consideran que “la inhibición de las administraciones públicas en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas permite la existencia de situaciones de explotación de los trabajadores que realizan estos servicios, sirviendo de pantalla para satisfacer la avidez de beneficios de empresarios sin escrúpulos”. Una situación que se agrava, según el sindicato, “cuando los servicios se prestan en el interior de establecimientos militares, en los que la Inspección de Trabajo tiene limitada su capacidad de actuación, debiendo preavisar sus visitas y acordar con el jefe del establecimiento militar las medidas que se estimen oportunas para que las actuaciones inspectoras puedan llevarse a cabo”. Este es el caso de la guarnición de Ceuta donde la empresa adjudicataria de los servicios de cocina y comedor de los acuartelamientos ha llevado a cabo en los últimos años “un ajuste de plantilla que hace que los trabajadores tengan que soportar una carga de trabajo enorme, sin respecto a las categorías profesionales o grupos de clasificación establecidos en el convenio de aplicación, e incluso con retrasos en el pago de los salarios”.
Por si esto no fuera poco, el sindicato asegura que se incumplen las medidas de seguridad en las instalaciones, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores. Al parecer, en las cocinas se ha producido escapes de gas, que se han solucionado cancelando las secciones en vez de arreglarlas. Máxime cuando “por interés de la empresa adjudicataria se ha reducido el número de cocinas en servicio, quedando solo las de la Cuarta Bandera, en Recarga, y la de Regulares, en el acuartelamiento de González Tablas”. Para el sindicato es “fácil imaginar en qué condiciones llegan las comidas preparadas en el acuartelamiento de Recarga a la fortaleza militar de El Hacho, transportadas en vehículos y con medios no expresamente adaptados para este fin”.
Desde CCOO exigen que, por los responsables de las distintas administraciones públicas, tanto de carácter civil como militar, se vele por el estricto cumplimiento de lo estipulado en los contratos para la prestación de los servicios públicos externalizados, a fin de garantizar los derechos laborales del personal que presta dichos servicios, así como su seguridad y salud.
