El conflicto laboral que atraviesa Hércules Servicios Generales, concesionaria de la Ciudad, ha acabado por convertirse en una denuncia pública generalizada contra todas aquellas empresas que se benefician de contratos de las administraciones públicas sin cumplir con sus obligaciones sociales. En el caso concreto de Hércules, la Ciudad Autónoma cumple escrupulosamente con el pago de las facturas que la empresa gira por sus servicios, un rigor en el cumplimiento del contrato que no encuentra contrapartida en la concesionaria. Desde hace meses, Hércules incurre en impagos sucesivos de las retribuciones de sus trabajadores. El Gobierno municipal, sin embargo, insiste en que la Ciudad seguirá cumpliendo con sus compromisos para no ofrecer a la empresa una «excusa» que le permita justificar los impagos salariales.
El portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, ha reiterado este lunes en rueda de prensa que la Ciudad sigue trabajando para encontrar una «causa jurídica» que le permita rescindir sus contratos con la empresa. El Gobierno mantiene que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas contempla un procedimiento complejo para acometer una rescisión de contrato, que, entre otras exigencias, contempla la solicitud de un informe al Consejo de Estado. «No es un procedimiento ni fácil ni ágil –ha explicado Gaitán- Los servicios jurídicos de la Ciudad y el Área de Contratación continúan estudiando qué medida se puede adoptar».
La Ciudad ha creado una comisión de trabajo, liderada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Mabel Deu, e integrada por responsables de todas las consejerías a las que Hércules presta servicios, para estudiar la situación.
Hércules es concesionaria del servicio de limpieza en el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y en otras dependencias municipales, así como en áreas dependientes de la Delegación del Gobierno. Sus trabajadores mantienen desde hace meses protestas por el impago de sus retribuciones, retrasos que han ocasionado severos problemas a las economías familiares de los miembros de la plantilla.
Hércules mantiene al servicio del ICD una plantilla de 13 trabadores, a los que hay que añadir otros 9 adscritos a la limpieza del Museo del Revellín, la Basílica Tardorromana, la televisión pública RTVCE, los aseos de San Amaro y el Centro Social del Mayor. Además, dispone de otros 6 trabajadores para los servicios que tiene adjudicados por el Servicio Público de Empleo Estatal y la Delegación del Gobierno.
Trabajadora despedida
El despido de una trabajadora que se encerró en el Conservatorio de Música y, pertrechada con una garrafa de gasolina, amenazó con prenderse fuego si no se le abonaban los salarios impagados situó el conflicto laboral en otra dimensión. La Ciudad descartó denunciar a la mujer por los daños materiales que pudo ocasionar su acción y solicitó a la empresa, según ha revelado hoy mismo el consejero Carlos Rontomé, que no adoptase medidas disciplinarias contra ella. La petición fue desoída por la dirección de la compañía.
Por si fuera poco, Vox remitía este lunes un comunicado, que no llegaba a todos los medios de comunicación de la ciudad, en el que establecía, sin llegar a ninguna conclusión, una relación entre los administradores de Hércules, el Partido Popular y el presidente de la Ciudad. La formación de ultraderecha aludía al hecho de que en la relación de administradores de la firma hasta 2020 figuraban Aurelio Puya, cuñado del presidente Juan Vivas, y el director general de Asuntos Sociales, Francisco Pérez Hita.
«El Gobierno no teme nada que no haya hecho bien con esta empresa», ha replicado el popular Alberto Gaitán al ser preguntado en rueda de prensa por el contenido del comunicado.
