La demanda presentada por una veintena de empleados de la empresa Arasti Barca contra la Ciudad por cesión ilegal de trabajadores ha llegado esta mañana a la sala de vistas del Juzgado de lo Social. Los demandantes, representados por el equipo jurídico del sindicato UGT, consideran que la empresa se limita a ejercer una mera labor de mediador para poner trabajadores a disposición del Instituto Ceutí de Deportes (ICD).
Arasti Barca gestiona el servicio de monitores y socorristas del ICD. La pretensión de los demandantes es que el organismo municipal integre en su plantilla a los trabajadores de la concesionaria. “La empresa no ejerce tal función desde el momento en el que no afronta ningún riesgo económico por cuanto que pase lo que pase va a seguir cobrando lo mismo”, ha sostenido el abogado de los demandantes, Ramón Lladó.
El contencioso laboral no es sino uno de los frentes que los sindicatos y la oposición de la Asamblea mantienen abierto contra Arasti Barca y la Ciudad. Caballas denunció en su día que la empresa viene prestando el servicio de socorristas y monitores al ICD desde 2012 sin que haya mediado un procedimiento legal de adjudicación. Según la coalición, la dilación del proceso de licitación pública estaría impidiendo la libre concurrencia y podría suponer un delito contable o de malversación de fondos pues el servicio se valora con arreglo a los precios contemplados en el extinguido contrato de 2012.
Además, MDyC acusó al consejero de Fomento, Néstor García, de dispensar trato de favor a Arasti Barca en virtud de la relación de parentesco que le uniría a un representante de la empresa. El Gobierno de la Ciudad negó la acusación y aseguró que la persona a la que MDyC aludía no era más que un mero empleado de Arasti Barca sin poderes ni capacidad de representación en la firma.
El juicio celebrado esta mañana ha quedado visto para sentencia.
