El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, ocupaba una silla entre el presidente del comité de empresa, Francisco Mur, y el representante legal de la concesionaria de la limpieza, Carlos García Selva. La escena fue inmortalizada el pasado jueves por los fotógrafos en el despacho del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. El sindicalista y el ejecutivo habían acudido allí a presentar a la primera autoridad municipal el acuerdo que evitaba la celebración de una huelga de basuras en plena Semana Santa. El consejero esbozaba una sonrisa alentada por una satisfacción que bien pudiera ir más allá del alivio que reportaba al Gobierno local la desconvocatoria de la movilización.
El antiguo responsable de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno debía de recordar, sentado a la mesa del despacho de Vivas, el día no tan lejano en el que los sindicalistas le organizaron un escrache en toda regla, con estruendo de silbatos y persecución a lo largo del Paseo del Revellín.
La suspensión de la huelga había sido la segunda gran victoria de Carreira en los nueve meses transcurridos desde que tomó posesión como consejero responsable de la gestión de la limpieza pública. Su perseverancia había permitido en diciembre pasado la entrada de Urbaser en el accionariado que integra la unión temporal de empresas Trace, adjudicataria del servicio de limpieza.
Llega Urbaser
Ya el 14 de septiembre del año pasado, el consejero arremetía públicamente contra la empresa Hermanos Lirola, accionista de Trace, en el transcurso de una intervención ante el pleno de la Asamblea. “Le falta especialización en la dirección”, sentenció. Días antes, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, revelaba ante los periodistas el malestar de la Ciudad por la ineficacia demostrada por el servicio de limpieza.
Apenas tres meses más tarde, Urbaser ya poseía el 50% del accionariado de Trace y consumaba la caída en desgracia de Hermanos Lirola, que abandonaba la unión temporal de empresas.
Amenaza de huelga
El desafecto del comité de empresa hacia Carreira no sólo quedó de manifiesto con el improvisado escrache del que los trabajadores de Trace hicieron víctima al consejero. El contencioso abierto entre los trabajadores y la dirección a propósito de la negociación del convenio fue el escenario en el que, durante las siguientes semanas, habría de manifestarse la pésima relación entre los sindicalistas y el consejero de Medio Ambiente.
El Gobierno no aportaría más dinero público para solucionar el conflicto y, ni tan siquiera, se postularía para ejercer de mediador entre las partes. Hachuel, Carreira y el propio presidente Vivas habían insistido en ello nada más anunciarse la convocatoria de una huelga que habría de comenzar en plena Semana Santa.
Poco más de un año antes, el ejecutivo del que Carreira formaba parte en calidad de consejero de Hacienda, había autorizado la ampliación del contrato a la empresa Trace mediante el abono de un canon de 1,4 millones de euros. La decisión no estuvo exenta de polémica.
El servicio de limpieza había salido a licitación en 2012 por un montante un 15% inferior al del anterior contrato. Trace presentó una oferta todavía más baja que supuso, finalmente, una rebaja del contrato de un 25%. Un año después de la empresa pedía más dinero para atender todos los servicios que se comprometió a prestar. El Gobierno accedió, sin más.
Las condiciones en las que se adjudicó el servicio y la posterior decisión del equipo de Vivas de incrementar el presupuesto a Trace generaron sospechas todavía no disipadas. Las dudas sobre el procedimiento no hicieron sino multiplicarse cuando el pasado mes de febrero el Tribunal de Cuentas emitía un pronunciamiento acerca de la ampliación del contrato aprobada en diciembre. La entidad fiscalizadora subrayaba la falta de datos que permitieran ofrecer una justificación de la “desviación en los costes”.
Con estos antecedentes, cualquier intento de solucionar el conflicto de Urbaser a golpe de talonario habría resultado escasamente popular y tan sólo habría servido para que el Gobierno ofreciera un flanco débil a la oposición.
Esta obstinación del ejecutivo de Vivas situó a los sindicalistas en una situación comprometida. La amenaza de huelga, que había sido esgrimida como la herramienta con la que el comité de empresa pretendía forzar la voluntad del Gobierno, se reveló ineficaz.
Las principales reivindicaciones de los sindicatos no se han visto satisfechas y su renuncia a la movilización ha sido interpretada por las autoridades municipales como una esperada claudicación. O como la segunda victoria de Carreira, quien, por cierto, nada más anunciarse la desconvocatoria sugirió que la Ciudad podría hacer nuevas aportaciones en un futuro a la concesionaria.
