Un informe del Observatorio de Sostenibilidad revela que Ceuta consiguió reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 44% entre 1990 y 2021. Este dato convierte a la ciudad en el segundo territorio español que durante estas tres décadas logró aminorar su actividad contaminante en mayor medida, solo superada por Galicia, cuya reducción de emisiones alcanzó el 60%.
Las comuniades autónomas donde más aumentaron las emisiones en estos 30 años fueron Extremadura (191%), Murcia (68%) y La Rioja (67%).
El estudio del Observatorio señala a Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid como los territorios donde se concentran casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero de toda España. Todas las comunidades han incrementado sus emisiones en 2022.
Según el informe, en 2021, año de salida de la pandemia, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana se situaron a la cabeza de las comunidades contaminantes con emisiones que suponían el 15%, el 14% y el 10%, respectivamente, de las contabilizadas para el conjunto del país.
Ceuta vuelve a figurar entre los territorios que consiguieron contener sus emisiones entre 2020 y 2021, con una caída del 2%. Idéntico dato se registró para Melilla. Las comunidades que más han crecido, son Madrid (12%), Navarra (15%), La Rioja (20%), Baleares (21%) y Asturias (27%).
Emisiones per cápita y descarbonización
El Observatorio analiza también las emisiones per cápita, que en el caso de Ceuta se sitúan en 4,7 toneladas de CO2, frente a las 18,1 de los asturianos, las 8,7 de los cántabros o las 7,4 de los navarros.
El Observatorio considera que buena parte de la descarbonización ha de explicarse a la práctica desparición del carbón y a la introducción progresiva de las energías renovables. El centro insiste en la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implicar a los gobiernos regionales y locales e las políticas que buscan limitar el incremento de la temperatura global en 1,5º e incidir en la información que se ofrece a la ciudadanía.
El estudio invita a las comunidades autónomas a hacer uso de sus competencias y fijar objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y de descarbonización.
