El pleno de la Asamblea someterá a consideración este martes una propuesta de los diputados socialistas dirigida a reclamar del Gobierno de la Ciudad un más efectivo cumplimiento de la normativa estatal sobre eficiencia energética. La discusión de la iniciativa recupera un debate que, más allá de la gestión de las administraciones públicas, saca a la luz el escaso conocimiento que compradores, propietarios e inquilinos de viviendas poseen en Ceuta acerca de la trascendencia económica aparejada a la calificación de los inmuebles en función de su eficiente consumo de energía.
El estado y antigüedad del parque de viviendas de la ciudad debería ser un acicate para evitar el despilfarro simultáneo de dinero y energía. “Ignorar esto en una ciudad como Ceuta, donde gran parte del parque residencial es muy deficiente, aún choca más: casi un 30% de las viviendas tiene una antigüedad superior a los 30 años y otro 20% se edificó hace más de medio siglo”, explica el arquitecto Jorge de Ana.
La propuesta de los socialistas apunta a esta carencia. A juicio del PSOE, el incumplimiento de las normas de eficiencia energética afecta directamente a los consumidores, a quienes se hurta su derecho a conocer la relevancia que comporta la calificación del inmueble que desean adquirir o alquilar.
La percepción de los ceutíes, según sostiene De Ana, es que la obligación establecida de disponer de un certificado energético no deja de ser un mero trámite o, lo que es peor, un subterfugio para cobrar un impuesto.
El arquitecto considera una necesidad mejorar la implantación y la información que la Ciudad dispensa a los ciudadanos en lo concerniente a la certificación energética. “La información ciudadana, el conocimiento del parque inmobiliario ceutí y los planes de rehabilitación energética deben ser nuestro tridente para conseguir hacer de Ceuta una ciudad más eficiente”, concluye De Ana.
Una referencia
El certificado energético es una referencia para inquilinos y compradores, quienes a través de sus estipulaciones pueden conocer el comportamiento energético de un inmueble, el que después se verá reflejado en sus facturas de luz, agua y gas. La diferencia en el gasto en energía entre un inmueble con la catalogación G y certificado con la A puede rondar los 2.300 euros anuales.
El certificado resulta obligatorio para los propietarios que deseen alquilar o vender un inmueble. La Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana recoge sanciones que pueden ir de los 300 a los 6.000 euros si no se posee el certificado en vigor. Los precios de los certificados energéticos en Ceuta oscilan entre los 100 y los 280 euros, en función de los técnicos certificadores.
