El BOE acaba de publicar la Ley de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular que tiene como primer objetico, como señala su preámbulo “reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente”. Y en consonancia con los principios que rigen la economía circular, se busca la reducción de las cantidades que llegan a los vertederos, donde se han centrado hasta ahora la eliminación de los residuos.
Si bien la contribución a la emisión de gases de efecto invernadero de los vertederos se mantiene en porcentajes en torno al cuatro por ciento. Además, la gestión sostenible de residuos ayuda a otros sectores económicos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes atmosféricos y la correcta gestión de los residuos evita que estos acaben en el medio marino. En lo que respecta al uso eficiente de los recursos, en España la gestión de residuos todavía descansa preponderantemente en el vertedero, con lo que una política de residuos que aplique rigurosamente el principio de jerarquía contribuirá a una mayor sostenibilidad, así como a la implantación de modelos económicos circulares.
La ley señala que Ceuta, junto a Melilla y el resto de entidades locales tiene el servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las comunidades autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. Obligando la ley a disponer de una red de recogida suficiente que incluirá puntos limpios o puntos de entrega alternativos que hayan sido acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos.
Y la disposición adicional tercera es la que norma la subvención del traslado de estos residuos a la península: “A la entrada en vigor de esta ley la Administración General del Estado establecerá medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península o a otra isla”. Es decir, todos aquellos residuos que no se hayan podido revalorizar podrán ser trasladado a la península subvencionados por el Gobierno de España. No se indica cuál es el porcentaje que será subvencionado, pero al menos es un paso para soportar el elevado coste de este servicio y que el primer trimestre de 2022 ya ha supuesto 828.362,13 euros a las arcas municipales.
El contrato de la explotación de la Planta de Transferencia de Residuos sólidos urbanos, que incluye el transporte de la basura a la península, se adjudicaba a Urbaser por un importe inicial de 27.231.600€ y que con las dos prórrogas y la continuidad alcanzará los 60 millones de euros, a razón de 5,2 millones de euros por cada año que se continúe con la actividad. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha presupuestado para el año 2022 más de seis millones, valorando la tonelada transportada para este año en 140.75€, frente a las 104€/Tn que señalan los informes técnicos, un incremento del 35% en el coste que no está justificado.
Pero las razones por las que un contrato tan básico para Ceuta, como es el de la Planta de Transferencia, no se ha licitado son de mayor calado, el Gobierno local pretendía sacar un “macrocontrato” de medioambiente en el que estén integrados los servicios de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos y la planta de transferencia, cuestión que se enlaza con el complejo medioambiental de 23.785 m2 que la empresa Urbaser, actual concesionaria de la planta, a través de su filial Ecoceuta quería montar en los terrenos ganados al mar.
Una planta que sirviera para reducir al máximo las toneladas transferidas a la península, reutilizando al máximo los residuos recibidos. Las actividades a desarrollar por la planta en el puerto consistirían en el desarrollo de operaciones de gestión de residuos: recepción de residuos; almacenamiento temporal de residuos; transporte de residuos y otras tareas intermedias como: pesaje; triaje ; separación manual y mecánica compactación, tamizado, Trituración y fragmentación; Inertización-envasado-acondicionamiento; flejado; etiquetado; carga/descarga; control analítico/calidad; gestión administrativa y documental. Todo un complejo que sirviera para la gestión de los residuos dentro de la economía circular.
Un proyecto con el que en un principio comulgaba el Gobierno de Vivas, como demuestra el Decreto de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos dirigidas por Yamal Dris que autorizaba la implantación de la misma. Sin embargo, las presiones de un lobby empresarial y que Puertos del Estado mantiene muchas reticencias sobre el mismo, pues un “vertedero” no está dentro de los intereses generales y prioritarios de un puerto, que se debe centrar en su negocio portuario, como así opina la Autoridad Portuaria de Ceuta, que tampoco apoya el complejo. Un contrato al que podrían presentarse otras empresas como FCC o la actual adjudicataria, TRACE e incluso se están buscando alianzas para presentarse conjuntamente algunas de ellas.
