Meta, antes Facebook, se enfrenta a una demanda histórica de los medios de comunicación españoles, que le acusan de competencia desleal y le reclaman 550 millones de euros por el uso de sus noticias sin pagar. Esta demanda, llamada “Meta News” y presentada en 2023, se suma a otras que la compañía tiene abiertas en varios países por cuestiones de privacidad, fiscalidad o monopolio, y pone de manifiesto cómo Meta nos roba el valor de la información y el periodismo de calidad.
Meta es una de las plataformas digitales más poderosas del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios activos al mes entre estos. Su modelo de negocio se basa en la publicidad, que genera el 98% de sus ingresos, que ascendieron a 86.000 millones de dólares en 2020. Para atraer y retener a los usuarios, Meta utiliza el contenido que generan otros, como los medios de comunicación, sin compensarles económicamente por ello. Sin embargo, este uso no es gratuito ni justo para los creadores de contenido.
Por esta razón, los medios de comunicación españoles, agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI), han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional en la que denuncian que Meta se aprovecha de su trabajo periodístico sin asumir los costes de producción ni contribuir al sostenimiento de la prensa. Según un informe de la consultora Deloitte, el valor de las noticias que Meta utiliza en sus plataformas asciende a 550 millones de euros anuales, que es la cantidad que reclaman ellos como indemnización.
Meta vulnera los derechos de propiedad intelectual de los editores, que son los titulares de los contenidos informativos, y distorsiona el mercado publicitario, al captar la mayor parte de la inversión de los anunciantes, que se ven atraídos por la gran audiencia y los datos de los usuarios que tienen sus plataformas. Además, estos critican unas condiciones de uso que limitan su capacidad de monetizar su audiencia y que favorecen la difusión de información falsa o de baja calidad, que daña la credibilidad y la reputación del periodismo. Según un estudio de la Universidad de Oxford, Meta es la principal fuente de desinformación en España.
La demanda de los medios españoles se inspira en la que presentaron los medios franceses en 2019, que lograron que Meta aceptara negociar un acuerdo para pagar por el uso de sus noticias, siguiendo la directiva europea sobre derechos de autor. También se basa en la experiencia de Australia, que aprobó una ley que obliga a Meta y a Google a negociar con los medios el pago por sus contenidos, bajo la amenaza de una multa millonaria.
Pero la demanda de los medios españoles no es el único problema al que se enfrenta Meta, que tiene abiertos varios frentes legales en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, Meta está acusada de violar las leyes antimonopolio y de abusar de su posición dominante en el mercado de las redes sociales, lo que podría llevar a su desintegración. En Europa, Meta ha sido sancionada varias veces por incumplir las normas de protección de datos y de competencia, y se le exige que pague más impuestos por sus actividades en el continente. En India, Meta ha tenido que suspender el lanzamiento de su servicio de pagos por WhatsApp debido a las objeciones de las autoridades. En Brasil, Meta ha sido multada por no colaborar con la justicia en una investigación sobre una red de desinformación. En todos estos casos, Meta se enfrenta a la presión de los gobiernos, los reguladores, los consumidores y los competidores, que cuestionan su poder y su influencia en la sociedad.
Meta, que nació como una red social para conectar a las personas, se ha convertido en una empresa que controla gran parte de la información y la comunicación que circula por internet, y que se beneficia de ello sin asumir las responsabilidades ni las consecuencias. Cuando Meta no paga a los creadores es el periodismo el que soporta el recorte del recurso para garantizar mejores condiciones laborales, información veraz e independiente y la investigación, pilar fundamental de nuestra democracia.
