Desarticulada una organización criminal internacional dedicada al tráfico de especies protegidas

Intervenidos más de 400 kilos de angulas pescadas de forma ilegal en el río Miño sin las preceptivas licencias y permisos.
animales

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Policía Marítima de Portugal y la Unidad Adscrita de Galicia, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al tráfico de especies protegidas. Han sido intervenidos 400 kilogramos de angulas y dos personas han sido detenidas en Pontevedra, además de realizarse dos entradas y registros, con la colaboración de veterinarios del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia, donde se ha intervenido cerca de 77.000 euros. Además, en Portugal se han llevado a cabo nueve entradas y registros, imputadas 11 personas e intervenido seis vehículos.

Los principales miembros de esta organización estaban en Portugal, con ramificaciones en España, y se dedicaban a la adquisición, almacenaje, distribución e incluso exportación de angulas pescadas de forma ilegal en el río Miño careciendo de permisos y licencias correspondientes.

Tras recabar indicios suficientes, los investigadores decidieron explotar la operación en ambos países, haciendo uso para ello de los diferentes mecanismos de coordinación y colaboración policial internacional.

En España se realizaron dos entradas y registros y se arrestaron a dos personas en Pontevedra. Los agentes intervinieron casi 77.000 euros y 400 kilogramos de angulas que quedaron a disposición del Juzgado en virtud de dos Órdenes Europeas de Investigación procedentes de Portugal y tramitadas a través de EUROJUST.

En Portugal, la Policía Marítima, además de participar en las actuaciones desarrolladas en España, realizó nueve entradas y registros e imputó a otras 11 personas como miembros de la presunta organización criminal internacional. También se intervinieron seis vehículos.

A todos los arrestados se les imputa presuntos delitos de tráfico de especies protegidas, falsedad documental, fraude de IVA y posibles infracciones de contrabando.

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