Liberadas en Valencia ocho mujeres víctimas de explotación sexual

Las mujeres eran engañadas a través de anuncios en páginas de contacto con falsas promesas económicas, aprovechándose de su situación irregular y vulnerabilidad

policía nacional

Agentes de la Policía Nacional liberado a ocho mujeres víctimas de explotación sexual en las localidades valencianas de Alcira y Játiva y a cinco personas a las que se acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, relativos a la prostitución y contra la salud pública. Los agentes han practicado cuatro registros domiciliarios en los que se han intervenido 72.025 euros en efectivo, cocaína y marihuana listas para su venta, un ordenador portátil, cuatro teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.

La investigación policial ha permitido desarticular una organización criminal que engañaba a sus víctimas a través de anuncios en páginas de contactos con falsas promesas económicas, aprovechándose de su situación irregular y vulnerabilidad. Los implicados determinaban qué tipo de prácticas sexuales debían realizar las mujeres, imponiendo sanciones económicas si se negaban y debiendo estar disponibles las 24 horas los siete días de la semana.

La red criminal operaba en territorio nacional y estaba asentada en la provincia de Valencia. Sus integrantes captaban a mujeres que se encontraban en España, la mayoría en situación irregular, a través de anuncios de páginas web de contactos y les ofrecían una «plaza» en casas de citas bajo la promesa de grandes beneficios económicos.

Una vez las mujeres contactaban con los implicados, las distribuían para alojarlas en los dos domicilios que regentaban situados en las localidades de Alcira y Játiva, en Valencia. Nada más llegar a estos domicilios, los componentes del entramado les imponían condiciones abusivas para ejercer la prostitución.

Las víctimas permanecían en pisos de citas en condiciones infrahumanas. A pesar de disponer de dormitorios libres, tenían que dormir hacinadas en literas y sofás o en colchones directamente en el suelo, con la ropa metida en maletas, sin armarios, ya que las habitaciones estaban destinadas exclusivamente para el ejercicio de la prostitución.

Las características de cada servicio sexual, entre ellas el precio, eran determinadas por los implicados y no por las víctimas, que tenían que estar disponibles las 24 horas los siete días de la semana. Además, debían entregar a sus explotadores la mitad de lo que obtenían por servicio y les aplicaban sanciones económicas si se negaban a realizar determinadas prácticas sexuales u otro tipo de conductas conforme a los deseos de aquéllos.

La líder de la organización les daba instrucciones de cómo atender a los clientes y de cómo maquillarse y vestirse.También fiscalizaba el tiempo empleado en los servicios sexuales y el dinero que obtenían por ello. Se controlaba a las mujeres con cámaras de videovigilancia instaladas en los pisos de citas, de tal modo que captaban todos sus movimientos.

Estaban obligadas a apuntar en un cuaderno junto a su nombre y apodo, con el que ejercían la prostitución, la cantidad de dinero obtenida por cada servicio sexual, la duración del mismo y la sustancia estupefaciente que los clientes adquirían y que debían proporcionarles si lo solicitaban. Se llevaban a cabo así las conocidas como «fiestas blancas», cuya participación se origina bajo el reclamo de sexo y drogas en el interior de los pisos.

Los clientes podían abonar la utilización de los servicios sexuales a través de aplicaciones de pago electrónico, ingresando dinero a la cuenta asociada a los teléfonos de los implicados, lo que suponía poder lograr un mayor control de los beneficios obtenidos.

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