Llega el fin de las «llamadas spam»

Las empresas que no cumplan con la normativa podrán ser sancionadas

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En virtud de la Ley General de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de junio de 2022,  las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido realizar llamadas comerciales no deseadas -las conocidas como llamadas "spam"- a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso.

La normativa establecía un plazo de un año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial que se contempla en el artículo 66 de esta ley. 

Ley que entrará en vigor el próximo 29 de junio y que será aplicable a todos los usuarios que tengan una numeración fija o móvil asignada en España.

Todas aquellas empresas que no cumplan con la nueva ley y realicen "spam" sin consentimiento podrán ser sancionadas por parte de la la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Concretamente, la ley establece que los usuarios tendrán derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de tratamiento de datos personales".

Una ley que se introdujo tras la aprobación en el Congreso de una enmienda pactada entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC.

En un primer momento, el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas y a ser informado al respecto, algo que ya era posible realizar a través de la lista Robinson, en la que los usuarios pueden darse de alta para evitar este tipo de comunicaciones de las empresas a las que no hayan dado su consentimiento.

Esta ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto.

Entre otros cometidos, esta ley refuerza y protege los derechos de los usuarios.