El Ministerio de Sanidad está hablando con los consejeros del ramo y tiene un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería, después de que la Audiencia Nacional haya paralizado en la Comunidad de Madrid el que entró en vigor el pasado sábado.
Fuentes de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana han confirmado que la ministra Carolina Darias ha llamado a la cosellera, Ana Barcelo, y la ha remitido un nuevo documento para el miércoles, cuando se reúna de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que se aprobaron sin la unanimidad de las comunidades autónomas las medidas que la justicia ha paralizado este lunes en Madrid. Sanidad está contactando con los gobiernos autonómicos, después de conocerse la resolución judicial. El consejero de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, también ha confirmado en La Brújula de Onda Cero que Darias está contactando con los responsables de sanidad de las autonomías.
Por su parte, fuentes del Ministerio ha insistido que todo el departamento busca "puntos de encuentro" y que la ministra habla a diario con los titulares de las consejerías autonómicas.
"El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes", ha resaltado en su habitual rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles y publicadas el sábado en el BOE.
En la redacción final de esa orden, la Secretaría de Estado de Sanidad introdujo un apartado en el que se especifica que las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía que se rijan por medidas más restrictivas que las acordadas, serán quienes decidan sobre la conveniencia de flexibilizarlas. Madrid presentó un recurso contencioso administrativo contra esas medidas pidiendo su paralización como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir "un daño inmediato, irreparable e insubsanable".
