El aparcamiento de la planta baja del Complejo Deportivo Guillermo Molina volvió este viernes, para cerrar una maratoniana semana de plenos, al centro del debate político. El portavoz del PSOE, Sebastián Guerrero, llevó a la Sesión de Control al Gobierno una interpelación para pedir explicaciones sobre el uso de esas 16 plazas situadas en la zona técnica del edificio, un espacio —sostiene— sufragado con fondos públicos pero “gestionado como si fuera un garaje privado”.
Guerrero: “Lo público no puede reservarse para unos pocos”
El diputado socialista abrió la intervención recordando que el ICD “existe para servir a la ciudadanía”, pero que la práctica diaria dibuja —dijo— “lo contrario”. Criticó que la planta 0 “funciona como un aparcamiento exclusivo para altos cargos y personal de confianza”, mientras que monitores, entrenadores, personal de mantenimiento y usuarios “tienen el acceso vetado”.
Según Guerrero, esta gestión supone “un uso privativo de bienes públicos” y “una vulneración del principio de igualdad”. Para el PSOE, el asunto va más allá del estacionamiento y apunta a “cómo entiende el Gobierno lo que es de todos”.
Lanzó una batería de preguntas:
- ¿Qué normativa regula realmente ese aparcamiento?
- ¿Quién decidió limitar el acceso?
- ¿Es compatible con los principios de igualdad y transparencia?
- ¿Por qué no se regula el espacio con sistemas de control y rotación?
Guerrero reclamó un uso equitativo, señalización para personas con movilidad reducida y medidas que permitan la entrada ordenada del personal operativo del ICD.
Cecchi rechaza el “privilegio” y defiende limitaciones por seguridad
El consejero de Deportes, Nicola Cecchi, respondió con un repaso técnico del edificio: seis plantas, múltiples accesos según actividad y una planta 0 catalogada como zona técnica, donde se concentran maquinaria, grupos electrógenos, almacenes y talleres.
En ese nivel —explicó— conviven espacios sensibles y maquinaria, por lo que el acceso está restringido en horario laboral. Los usuarios del complejo acceden por planta 1 o planta 3, y el público por plantas 2 y 4.
Cecchi insistió en que el uso del aparcamiento no responde a decisiones políticas, sino a obligaciones legales, citando las instrucciones de la Intervención municipal y el artículo 312 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Según el consejero:
- No se permite el uso por parte de trabajadores de empresas externas.
- Las plazas no son “aparcamientos al uso”, sino parte de la zona técnica.
- La restricción busca “evitar confusiones de plantilla” y garantizar la seguridad.
“No existe un aparcamiento reservado para directivos ni un trato de favor. Los trabajadores del ICD que acuden con vehículo pueden aparcar ahí”, defendió. Y añadió que si alguien detecta un uso indebido, “que aporte matrícula, fecha y hora”, porque “no se tolerarán coches amigos”.
El cruce final: ¿prohibición real o interpretación restrictiva?
Guerrero tomó la palabra de nuevo para subrayar que el problema “no lleva un año, sino ocho”, y que la queja de los trabajadores “se repite desde 2017”. Negó que un monitor, un entrenador o un técnico de mantenimiento supongan un riesgo para la instalación.
El socialista apostó por un sistema de control selectivo —tarjetas, huellas, cámaras— como el que emplean “todas las Administraciones con aparcamientos mixtos”. Y acusó al Gobierno de “llamar seguridad a lo que es un privilegio injustificado”.
Cecchi cerró el debate reafirmando su posición: abrir ese acceso de forma generalizada sería “ilegal y peligroso”. Recordó que la planta técnica “no puede convertirse en un parking público” y que cualquier cambio necesitaría informes de Riesgos Laborales, Intervención y modificación del plan de autoprotección.
Aprovechó también para defender la gestión del organismo. “No existe uso irregular. Lo que sí existe es una normativa clara y un deber de proteger la instalación. El ICD funciona, y hoy gestiona más de cien eventos semanales”.
