El retorno al antiguo sistema de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social es un asunto vita para Ceuta. Así lo han manifestado en no pocas ocasiones los representantes del Gobierno local pero también los agentes económicos y sociales, tanto sindicatos como empresarios, que han puesto de manifiesto su preocupación ante la implantación del nuevo sistema que, de facto, han explicado, ha significado la desaparición de este pilar básico del Régimen Económico y Fiscal especial de la ciudad.
Este mismo jueves en el Senado el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, ha presentado su anunciada Proposición de Ley relativa a la derogación del sistema que entraba en vigor el pasado mes de septiembre. Una cita tras la que el presidente del PP a nivel nacional ha comparecido ante los medios para señalar que “para nosotros es un orgullo traer propuestas a las Cortes que beneficien a los ciudadanos y resuelvan problemas ante las dificultades que están pasando”. En este sentido, ha señalado Núñez Feijóo lo que pretende el Partido Popular es “corregir una situación injusta que sufren las ciudades de Ceuta y Melilla” desde la aprobación del Real Decreto 1/23 mediante el que se derogaba de facto el sistema de bonificaciones y se sustituía por “un nuevo sistema confuso y que no llega a los trabajadores de Ceuta y Melilla”, algo que afecta de forma directa, ha recordado, a la economía y al empleo. Por todo ello, ha asegurado, esta Proposición de Ley tiene por objeto “defender los derechos de los trabajadores” de ambas ciudades.
Junto a él han estado presentes el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán. Una representación del Gobierno de Ceuta que este miércoles, por boca de su portavoz, llamaba a la necesaria “unidad de acción”, con los sindicatos y los agentes sociales, para que la marcha atrás en la situación de las bonificaciones se convierta en una realidad. Y es que, recordaba Alejandro Ramírez, es necesario el consenso, también con la Delegación del Gobierno, que ya mostraba su intención de trabajar por retornar al anterior sistema por boca de la propia delegada, Cristina Pérez.
La cuestión reside en la dificultad de que este consenso pueda darse en las Cortes ante la presentación de esta Proposición de Ley por parte de los Populares, ya que si bien su salida adelante la tienen garantizada en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, la misma es difícilmente viable en el Congreso, en el que el PP no cuenta con la mayoría suficiente para aprobarla y sería necesario el acuerdo con el Gobierno, o al menos con la pata socialista del mismo, que es quien debe tomar las medidas necesarias para derogar el actual sistema de bonificaciones y volver al anterior, en el que la subvención al 50 por ciento estaba garantizada.
