La formulación de la Ley de Amnistía es el último escollo para el pacto de investidura con las formaciones independentistas y nacionalistas catalanas. Salvado este, pocas excusas podrá manifestar Junts para no votar a favor de un Gobierno que presida Pedro Sánchez. Sin embargo, esta norma de la que aún desconocemos su formulación jurídica debe superar el escenario político interno que se producirá con la votación este fin de semana del acuerdo entre PSOE y Sumar, que aportará una imagen de la contestación interna a la polémica.
La batalla interna entre los socialistas se engarza con la presión externa de los populares, el CGPJ y la extrema derecha. La crítica política, notoria y pública, se añade a la jurídica en un interesante debate difuminado en las emociones que suscitan las banderas y los nacionalismos de ambos lados. Sin negar el impacto político de esta propuesta como intento de “punto final” a la crisis iniciada con el referéndum del 1 de octubre, no se encuentran experiencias similares en las democracias europeas en los últimos dos años.
No se encuentra un buen sustento lógico-jurídico a las proposiciones de ley presentadas hasta el momento, sin que esto menosprecie su constitucionalidad. En un Estado de Derecho democrático como el español los poderes emanan del pueblo, cuya soberanía se encuentra en el parlamento. Entre estas normas está el Código Penal que es el que estableció los tipos aplicados a los condenados. Retrotraer la norma para desde el mismo poder legislativo para desacreditar la labor del judicial para personas concretas.
La amnistía, además, supone un borrón y cuenta nueva que implica el olvido de los hechos y la renuncia a la persecución penal con un fin político muy determinado que ha planteado la contestación desde algunos sectores de la Abogacía dada la difícil explicación para el resto de la ciudadanía sobre la defensa de la seguridad jurídica en un Estado donde se cuestiona la fuente misma del derecho, pues si el legislativo olvida el delito de otro legislativo se plantea un duro dilema acerca de la igualdad entre los poderes del Estado.
El peso de la defensa de la Amnistía, por tanto, recae más sobre la constitucionalidad de la misma y su beneficio político: que la amnistía no es una concesión a los independentistas, sino un reconocimiento de la pluralidad política y social del país. La amnistía no implica impunidad para sus partidarios, sino una forma de superar el conflicto mediante perdón y reparación, viéndose la amnistía como una herramienta legítima y democrática utilizada en otros contextos históricos para cerrar heridas y avanzar hacia la convivencia.
En definitiva, la Ley de Amnistía se presenta como un desafío político y jurídico de gran calado, que genera opiniones encontradas y que tendrá consecuencias en el futuro de España. La decisión final dependerá de la voluntad de los partidos políticos, de la opinión pública y de los tribunales. Lo que está claro es que se trata de una cuestión que no puede ser ignorada ni postergada indefinidamente, y que la votación de este fin de semana de los socialistas, a falta de unas segundas elecciones, servirá de pequeña encuesta cara a la aceptación de esta entre la militancia.
