La Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, supuso un nuevo ciclo para la vida política de nuestra ciudad. El 15 de marzo de ese mismo año, con su entrada en vigor, Ceuta se sumaba a la España de las autonomías con un formato de “carta otorgada”. Este Estatuto ha supuesto para Ceuta un reconocimiento nacional y el acercamiento de la gestión ha sido útil para la sociedad caballa.
Sin embargo, el Estatuto de Ceuta es también producto de su contexto, propio de un país que había cerrado su marco autonómico y que empezaba a mirar al nuevo milenio. Explicaba el profesor de Derecho Constitucional Bonachela, de la Universidad de Granada, como podían observarse estas diferencias entre las primeras normas estatutarias y las de la siguiente década comparando los preámbulos de las mismas.
Sea como fuere, lo cierto es que la ciudad de 1995 en poco se parece a la ciudad de 2023. La demografía y la dinámica económica han cambiado y se presentan nuevos desafíos. La ola de reformas de los 2000 que acabó con la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña marcó un nuevo enfoque competencial y democrático que volvió a dejar atrás a las Ciudades Autónomas.
La formación autonomista Ceuta Ya!, desistiendo de su histórica propuesta de Comunidad Autónoma, reconocía la urgencia de la situación y solicitaba la creación de una comisión para el estudio de la reforma de la Ley Orgánica 1/1995. Esta propuesta fue rechazada por PP, PSOE y VOX.
El Partido Popular basó su negativa en las posibilidades de desarrollo del Estatuto. Esta posición admite una reflexión jurídica sobre los límites del actual marco, pero presenta importantes debilidades dado que la elasticidad de la norma tiene un límite que desconocemos si ha sido ya alcanzado. Además, aunque permite un debate en el marco racional sobre lo que el Estatuto permite, niega la discusión sobre lo que el Estatuto no prevé y el Estado no regula.
La postura del PSOE es paradójica. Si bajamos al terreno de la lógica nos encontramos dos problemas en la defensa de su oposición que mostró el portavoz del grupo, Juan Gutiérrez. Si el Estatuto de Ceuta es una cuestión de Estado y las cuestiones de Estado corresponden al Gobierno Central, la conclusión que se deduce necesariamente de estas premisas es que Ceuta no tiene Autonomía para reformar su Estatuto lo que es una mentira jurídica, porque el artículo 13 lo permite.
La cuestión de Estado es una razón por tanto política y se agrava al plantearla conjuntamente a un falso dilema, pues se alegó en el mismo acto que había otros asuntos más urgentes, lo cual puede ser cierto, pero no existe ninguna incompatibilidad entre el estudio de la reforma y aplicar las políticas defendidas por el grupo socialista.
De VOX hay que decir que presentó coherencia con su postura en contra de las autonomías y MDyC, como siempre, ni está ni se le espera.
Las lagunas jurídicas e inseguridad jurídica en diversos ámbitos que afectan a la ciudadanía ceutí no son una cuestión ideológica y tiene un efecto directo en la vida de las personas. Por ejemplo, se ha señalado que el Estatuto de Autonomía no regula adecuadamente las competencias sobre sanidad, educación, seguridad, justicia o medio ambiente.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Ceuta es una oportunidad histórica para avanzar en el desarrollo económico, social y cultural de nuestra ciudad. No se trata de una cuestión partidista, sino de una necesidad democrática y constitucional. El Estatuto debe ser el marco jurídico que garantice los derechos y deberes de los ceutíes, así como el respeto a nuestra identidad y diversidad, sin dejar espacios entre Estatuto y Constitución que el derecho está obligado a llenar.
No se entiende la negativa a un proceso participativo y dialogado entre todos los actores políticos y sociales que permita elaborar un proyecto de reforma consensuado y respaldado por la mayoría de la ciudadanía. Solo así podremos construir un futuro mejor para Ceuta dentro de España.
