Brigadas Verdes: "Estamos condenados a la precariedad e ilegalidad laboral de por vida"

Opinión remitida por el Comité de Empresa de Brigadas Verdes: "Datos para quien quiera opinar, con fundamento, sobre el conflicto de las Brigadas Verdes"

 Brigadas Verdes
photo_camera Brigadas Verdes / Archivo

El origen de las Brigadas Verdes se encuentra en lo que en su día se denominó el “Pacto territorial por el empleo”. Consistió en una movilización de centenares de trabajadores ceutíes hastiados por la imposibilidad de encontrar un empleo en su propia tierra cuando el sector de la construcción estaba en pleno auge.

Diariamente, miles de trabajadores procedentes de la península, ejecutaban obras en nuestra Ciudad ante la mirada atónita de los ceutíes que a penas disponían de medios económicos para mantener a sus familias. La protesta fue muy dura, intensa, sostenida y eficaz. El Gobierno de la Nación (en aquel momento del PP) y el (aún no nato) Gobierno de la Ciudad, presidido por Vivas, asumieron el compromiso de dar respuesta a las demandas de aquel colectivo.

Inicialmente, se concretó en Planes de Empleo que, financiados por la Unión Europea, generaron aproximadamente 500 puestos de trabajo destinados a aquel colectivo. El paso siguiente, en aras a la estabilidad laboral, consistió en la creación de una empresa municipal de obras menores que no sólo permitiría a la Ciudad hacer obras en barriadas más baratas sino que, además, permitía hacerlo con más diligencia (al ahorrarse el trámite de la contratación).

Así surgió OBIMACE. Esta empresa estaba concebida para albergar a todo el colectivo. En el momento de materializar el acuerdo, se detectaron dificultades presupuestarias que obligaban a hacerlo en dos fases. En la primera se incorporarían 250 y en la segunda, el resto. Así se hizo. Pero la pregunta consecuente era. ¿Qué hacer durante el año de “espera”? El Presidente Vivas, pródigo en creatividad e ingeniería administrativa, tuvo la idea de crear un Convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos para que contratara a la “mitad” del pacto por el empleo que “esperaba” su justo y prometido paso a OBIMACE.

La similitud de las tareas a desarrollar y la idéntica tipología y procedencia de la plantilla la convertían, de hecho, en una “segunda OBIMACE”. Ya en aquel entonces todo el mundo era consciente de que aquel convenio era un posible fraude de ley; pero al fin y al cabo, sólo duraría un año, a nadie perjudicaba y podría dar hasta resultado. Así se hizo sumando a los trabajadores procedentes del Pacto por el Empleo otro medio centenar pertenecientes a la propia Federación de Asociaciones de Vecinos. Fin de la primera etapa.

Al año siguiente, el Gobierno dio un giro radical a su posición. Ya no querían que las Brigadas Verdes pasaran a OBIMACE. Este hecho obedeció a tres circunstancias. Por un lado, un movimiento muy intenso de un amplio colectivo de funcionarios que no veían con buenos ojos “hacer funcionarios por la cara a un montón de gente” (aunque muchos de ellos gozaron en su día de tal prerrogativa). Por otra parte, cundió cierto temor en el Gobierno a que el “revestimiento de legalidad” que siempre llevan consigo estos procesos de ingreso masivo en la función pública pudiera terminar en un proceso judicial del que todo el mundo huía. Por el último, en determinados sectores del PP cundía (o al menos así se decía) la sensación de que incorporar doscientos trabajadores más a OBIMACE (en su inmensa mayoría musulmanes) podría perjudicarles electoralmente.

Conclusión: aquello se enfrió. “No es el momento”, hay que esperar. Ya sabemos que cuando se trata de incumplir un compromiso sin que se vea afectada la credibilidad del quebrantador, lo ideal es echar mano de los “técnicos” (que es un ente abstracto que desde ignotos lugares, y sin responsabilidad alguna, emiten opiniones milagrosamente coincidentes con las intenciones del poder). Y así, esperando el cumplimiento de un compromiso político, de una aquiescencia de los técnicos, o de alguna aparición sobrenatural, transcurrieron quince años.

El Gobierno de la Ciudad empezó a sentirse incómodo. El Tribunal de Cuentas empezaba a preguntar. ¿Qué es eso de un Convenio con una Asociación Vecinal de 3,5 millones de euros anuales para adecentar barriadas? Lógico. Se trata de un servicio público que se puede prestar de manera directa o indirecta (mediante un contrato con una empresa);pero en ningún caso con la fórmula ideada por Vivas. El fraude de ley empieza a ser absolutamente inocultable. De hecho, en el propio informe del Tribunal de Cuentas figura una expresión de un jurídico de la Ciudad en la que dice textualmente: “no me siento capaz de encontrar ni un solo argumento jurídico que pueda justificar la existencia de este Convenio”.

El Gobierno se tomó en serio (o eso parecía) el asunto y pretendió solucionarlo.Y propuso la integración de las Brigadas Verdes en TRAGSA. Una empresa pública. La plantilla rechazó tal posibilidad. Nadie podía entender por qué razón los técnicos consideraban ilegal su paso a OBIMACE; pero si era legal su incorporación a TRAGSA. Ya conocemos esa misteriosa ductilidad de los “técnicos” que como si de una nueva ley de interpretación jurídica se tratara, sus criterios siempre se ajustan a la solución (opción o alternativa) que previamente les “propone” la autoridad con mando en plaza.

Después vino la pandemia. Y con ello una especie de “todo vale”, aunque en este caso, más que justificadamente. Las Brigadas Verdes comenzaron a hacer de todo. Barrían y baldeaban calles y playas, recogían enseres, en fin, todo lo que hacía falta. Esta situación provisional y justificada, se convirtió en una solución magnífica para un Gobierno literalmente desesperado con el desastroso estado de suciedad de las calles. Durante mucho tiempo (quizá demasiado), serpenteaba, sin ton ni son, con la empresa adjudicataria en una relación de amor-odio incomprensible para los ciudadanos; pero desde luego inoperante. El hartazgo, el cansancio, la (próxima) finalización del contrato, les llevó a abandonar la lucha. “Que el empresario haga lo que quiera hasta que expire el contrato y nosotros haremos la limpieza que la empresa no hace por otros medios”. Y ya que las Brigadas Verdes tenía la experiencia de la pandemia, pues parece razonable que siga haciéndolo. Así las Brigadas Verdes se convirtieron en una especie de TRACE 2, que hacía lo que TRACE 1 no quería (o no podía).

Y en esto llegan las elecciones y el Presidente dice que quiere municipalizar el servicio de limpieza. La iniciativa que ya había sido llevada al Pleno en infinidad de ocasiones, y derrotada siempre por el PP bajo acusaciones de “comunismo trasnochado”; de repente se convierte en la “ilusión del Presidente” (no sabemos si convertido al comunismo, o reconociendo la falsedad de las acusaciones). La razón del Presidente es que está “hasta el gorro” del “jueguecito” de las subidas salariales. Los trabajadores piden subidas, la empresa se pone de perfil, se convoca huelga, el Gobierno se acojona y se busca las “mañas” para pagar la subida... y así todos los años. Vivas dijo: hasta aquí. A partir de ahora, la subida salarial, lo que establezca el PGE que no es mi responsabilidad. El caso es que se inicia un proceso de municipalización respaldado de manera unánime por la Asamblea. Recibe el encargo de diseñarlo y ejecutarlo el Gerente de ACEMSA. Ha sido (sigue siendo) el responsable del contrato con TRACE, conoce mejor que nadie el servicio; consiguió “pacificar” la situación alterada en extremo en su momento; es un hombre resolutivo, con iniciativa y, sobre todo, de plena confianza de Vivas (de hecho, ahora ACEMSA se encarga de hacer las inversiones porque no se fia de que nadie más pueda llevarlas a cabo).

Juan Manuel Sánchez (autor de la memoria) expone y explica su proyecto. Él piensa (con toda la razón del mundo) que es necesario aprovechar la municipalización para racionalizar los servicios que se están prestando de manera dispersa y descoordinado actualmente. Su idea, transmitida a los Grupos Políticos, es que la plantilla de la nueva empresa esté formada por la de Trace y por la de las Brigadas Verdes, que al fin y al cabo, son quienes están prestando el servicio en la actualidad. Incluso avanza la posibilidad de que en una segunda etapa se podría fusionar con OBIMACE y la brigada de Tragsa, para hacer un empresa que se ocupe de todo lo relacionado con el Medio Ambiente.

Es cierto que según su opinión, la integración de las plantillas debería hacerse en dos fases: inmediatamente la de Trace, y seis meses después la de las Brigadas Verdes previa depuración (porque según su información hay algunos miembros de este colectivo que se encuentran en edad de jubilación). Y con este planteamiento se elaboró la memoria. Y de repente, un día, sin que nadie sepa (o pueda) explicar el por qué, las Brigadas Verdes caen en desgracia. El Presidente les pone la “cruz” y desaparecen del proyecto gubernamental. De repente, quienes llevan diecisiete años desempeñado su trabajo con humildad y eficacia se han convertido en unos feos, o vagos, o maleantes, condenados a la precariedad e ilegalidad laboral de por vida.

Lo único que han hecho las Brigadas Verdes desde entonces es defender la propuesta inicial del Gobierno, exigir que se cumpla la ley (el artículo 44 que ampara la subrogación de la plantilla de TRACE y que por el mismo motivo ampara la de las Brigadas Verdes), y reivindicar que se termine de una vez por todas con la situación de ilegalidad en la que viven con el conocimiento y el consentimiento de todas las instituciones (Ceuta es así).

Comité de Empresa de Brigadas Verdes

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