Remitidos

Carta de los familiares de residentes de Cruz Blanca

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photo_camera Cruz Blanca en el Sardinero (ARCHIVO)

"Queremos denunciar y hacer público nuestro malestar por la falta de apoyo económico y material por parte de las administraciones". 

El 14 de marzo de 2020 se decretó estado de alarma como consecuencia de la pandemia mundial COVID-19, motivo por el cual se produjo el cierre a las visitas y salidas de la residencia, si bien desde el día 9 de marzo ya se habían tomado medidas en cuanto a restricciones de entrada y un uso obligado de otras medidas de higiene.

Después de tres meses de confinamiento, el 18 de junio se abrió la residencia a las visitas y dos semanas más tarde fue posible la salida de los residentes previa cita y por un corto periodo de tiempo (45 minutos), salidas que fueron interrumpidas nuevamente a mediados de agosto, siendo igualmente canceladas las visitas a lo largo del mes de septiembre, dada la mala situación de la pandemia.

Atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad de Ceuta, con la declaración inicial del estado de alarma, por parte de la residencia, se tomaron unas medidas higiénico sanitarias que obligaron a cambiar completamente el modo de trabajo con los residentes, estableciendo varias áreas de estancia, pues hubo que reorganizar a los residentes en grupos más pequeños.

El día 26 de enero de 2021, se nos comunica a los familiares de los usuarios que, por parte de la residencia, ante la falta de apoyo material y económico de las administraciones públicas en las medidas de prevención contra el COVID, se va a repercutir en las facturas el coste de las pruebas de antígenos hechas a cada residente. Estos test se han hecho siempre que ha sido necesario, al igual que se han hecho test de antígenos en la propia residencia al personal que presta sus servicios en la misma.

En este sentido, se nos comunica que el informe de gastos COVID asumidos por la residencia se presenta a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Servicios Sociales y a la Consejería de Presidencia, en el mes de septiembre, y en el mes de noviembre se presenta a la Delegación del Gobierno. En ese informe se recogen los gastos de marzo a septiembre y la previsión hasta diciembre de 2020. Por parte de la Administración se hace alusión en alguna que otra ocasión “a la supervisión y ayuda constante a las residencias, a las cuales se proporciona todos los materiales necesarios para poder llevar a cabo todas las medidas preventivas necesarias”. Pues bien, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a ese informe de gastos presentado por parte de ninguna administración.

Como ya hemos dicho antes, el coste que vienen soportando desde marzo es brutal, desde purificadores, mesas individuales, test de antígenos, EPIs (mascarillas, máscaras faciales, gorros), personal, puesto que si alguien de plantilla ha estado en contacto con un positivo se tiene que quedar en casa, y es evidente que un aseo o una toma de comida de un usuario no puede esperar, por poner solo un ejemplo, y así un largo etc.

Especialmente insultante el hecho de que la residencia haya tenido que adquirir los test de antígenos, cuando la Ciudad ha dispuesto un punto Covid para hacerlos gratuitamente a cuántas personas hayan estado en contacto con un positivo o provengan de la península, ya sea que se desplacen por vacaciones, asistencia a consulta médica u otros motivos personales. Es increíble pues que nuestros residentes los estén pagando, siendo el colectivo más vulnerable y castigado en esta pandemia.

El BOCCE del 12 de febrero, autoriza la salidas de la residencias a los usuarios, en tanto los familiares o acompañantes presentemos un test de antígeno negativo en cada visita, o estemos vacunados y tengamos inmunidad. El test debe hacerse en un centro sanitario o en la propia residencia por un coste inferior al de mercado.

Las salidas, al igual que las visitas, lo son por un tiempo limitado. Además si un residente no tiene inmunidad y sale a la calle, deberá estar en aislamiento tres días. A este respecto añadir que se han solicitado a los médicos de cabecera las analíticas de serología para confirmar la inmunidad, analíticas que se están realizando los lunes y viernes en grupos de cinco usuarios.

La Ciudad de Ceuta recibió en 2020 procedentes del Gobierno de España la cantidad de 27,4 millones de euros para hacer frente a los efectos del COVID-19, de los cuales a la residencia no le ha llegado absolutamente nada, de hecho, en el reparto ni se menciona a los centros residenciales de atención a personas mayores y personas con discapacidad.

A diferencia de otras comunidades autónomas que si han mostrado su sensibilidad ante este tema, por citar algunos ejemplos: Andalucía 13,5 millones de euros, suponiendo más del 50 % de los gastos soportados, Extremadura con 7,8 millones de euros para refuerzo de plantillas, EPIs,..., Aragón convoca ayudas por más de 2 millones de euros.

Por todo ello, los familiares queremos denunciar y hacer público nuestro malestar por la falta de apoyo económico y material por parte de las administraciones, tanto Local como Central, en tanto se están llevando a cabo unas medidas que son necesarias y de obligado cumplimiento para radicar la pandemia, desarrollando la residencia en este sentido un trabajo impecable, los resultados están ahí.

Denunciar también la falta de sensibilidad ante un colectivo especialmente sacrificado, un colectivo compuesto por mayores y no tan mayores discapacitados, en definitiva, dependientes, que como cualquiera tienen derecho a ser considerados como personas. Entendemos que esta es una situación muy extraordinaria, pero también muy triste, pues los residentes prácticamente llevan un año sin salir, sin tener contacto con sus seres queridos, para ellos la desescalada está llegando muy tarde y con muchas trabas.

Solicitamos, por favor, a las instituciones que correspondan, sean atendidas las peticiones de la residencia, ya que son gastos derivados de una situación muy difícil y excepcional, gastos que están más que justificados y que están dando el resultado que se pretende en cuanto a evitar el contagio entre los residentes, teniendo además un coste emocional muy caro, tanto en los propios usuarios como en sus familias.

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