CSIF, sobre las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos

Sindicalistas de CSIF, ante la Delegación del Gobierno (CEDIDA)
photo_camera Sindicalistas de CSIF, ante la Delegación del Gobierno (CEDIDA)

El pasado 19 de octubre de 2022 el Gobierno suscribió con CCOO y UGT el “Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI” que CSIF no suscribió porque estableció un incremento retributivo inferior al IPC que acrecentaba la pérdida de poder adquisitivo acumulado. Esta situación es insostenible para las familias de empleadas y empleados públicos, teniendo en cuenta la evolución de los precios, el alza de las hipotecas y la incertidumbre económica.

Además, tal y como le expusimos por carta al Presidente del Gobierno, el texto no garantiza la aplicación de los acuerdos por ausencia de mecanismos legales y de dotación presupuestaria; porque retrasa la implantación de derechos ya recogidos, como el Real Decreto del Teletrabajo; y porque no se regulaban demandas históricas del colectivo.

La pasividad y desinterés, tanto de la secretaria de Estado de Función Pública como la de los sindicatos firmantes evidencia que, transcurridos más de seis meses desde la firma, la práctica totalidad de los puntos del acuerdo a día de la fecha siguen sin ejecutarse.

Por este motivo, CSIF ha remitido un escrito al presidente del Gobierno solicitando renegociar el acuerdo que suscribió con CCOO y UGT, exigiendo que se revise la subida salarial del conjunto de empleadas y empleados públicos, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, vinculando dicha subida al IPC. Además, CSIF exige incorporar a dicho acuerdo otras materias para mejorar sustancialmente las condiciones laborales del colectivo.

CSIF ha remitido, tanto a la ministra de Hacienda y Función Pública como a la propia Secretaria de Estado de Función Pública, varios escritos exigiendo que se convoquen las respectivas mesas de negociación, sin que hasta el día de la fecha hayamos recibido respuesta alguna a nuestra petición, sobre:

  • La implantación de la jornada laboral de 35 horas.
  • La regulación de la jubilación parcial anticipada.
  • La adecuación de los Grupos Profesionales del Art. 76 del TREBEP.
  • La puesta en marcha inmediata del teletrabajo en la AGE
  • La actualización de gastos por razón del servicio.
  • Que se corrijan las desigualdades retributivas entre administraciones.
  • Que se aplique el complemento de reducción de brecha de género a las jubilaciones voluntarias de Clases Pasivas y a las jubilaciones parciales del Régimen General.
  • Que se incrementen los haberes reguladores de Clases Pasivas y se incentive la prolongación de la vida laboral tras cumplir la edad de jubilación voluntaria.
  • Que se aplique la jubilación anticipada, sin pérdida económica en su pensión, a aquellos colectivos cuya actividad profesional así lo recomienda.

El reciente informe de la OCDE sitúa a España como uno de los países desarrollados donde los salarios reales más caen por la inflación, ya que el aumento anual de precios en 2022 alcanzó el 8,4% mientras los salarios subían muy por debajo de dicho porcentaje.

Mientras CCOO y UGT exigen subidas salariales vinculadas al IPC en el ámbito de la empresa privada, resulta indignante que hayan apoyado con su firma dicho un acuerdo para los empleados públicos que les empobrece aún más.

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