La Inspección de Trabajo de Ceuta viene exigiendo sistemáticamente que la presentación de denuncias por parte de los representantes sindicales de CCOO se haga mediante presencia física del firmante en las dependencias de dicho Organismo y con la presentación del DNI junto con el escrito de denuncia.
A requerimiento de esa Inspección, el sindicato ha contestado que, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, los interesados tienen derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.
La exigencia de la presencia física en las oficinas de la Inspección del firmante de la denuncia y la exhibición del DNI del mismo, que ya obra en poder de la Administración, han sido impuestas arbitrariamente por la jefatura de la inspección, sin que estén respaldadas por ninguna norma legal o reglamentaria.
Este criterio de la Inspección se aparta del seguido en actuaciones precedentes ya que, con sujeción a la misma normativa vigente en la actualidad, durante los últimos 25 años jamás se han exigido dichos requisitos para la tramitación de las denuncias presentadas por el sindicato que, a todos los efectos, tiene la condición de interesado en los procedimientos que afecten a los trabajadores o trabajadoras de esta ciudad, por su condición de más representativo.
CCOO considera que bajo la actual jefatura de Inspección se ha producido una alarmante degradación de la gestión que corresponde a este organismo, reduciéndose la actuación de los inspectores a tareas exclusivamente administrativas, evitando las visitas in situ en los centros de trabajo y, en los pocos casos en los que se actúa, se hace de manera rutinaria, sin requerir la presencia de los representantes legales de los trabajadores para acompañarlos en su visita y conocer el grado de cumplimiento de la normativa desde el punto de vista de los trabajadores, no solo de los empresarios, como viene ocurriendo de forma sistemática. Así se explica la existencia de un fraude laboral generalizado en esta ciudad y el incremento de la siniestralidad laboral que se ha producido en los últimos meses.
CCOO considera que la responsabilidad de la pasividad demostrada por este servicio público corresponde, en primer lugar, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, que es quien promovió el cese del anterior jefe de inspección y su sustitución por otra funcionaria que ni tiene la experiencia ni la actitud necesaria para promover el cumplimiento de la legalidad vigente en materia laboral en esta ciudad, llegando a actuar, como en este caso, como un elemento obstaculizador de la labor que, en defensa de los legítimos intereses de los trabajadores, corresponde a este sindicato.
