El presidente de la Organización Médica Colegial de España (OMC), Dr. Tomás Cobo, y el director de los servicios jurídicos de la corporación, D. Ricardo de Lorenzo, han comparecido hoy ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para exponer el deterioro de las condiciones laborales de los médicos del servicio público de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La OMC ha solicitado la intervención de la Comisión Parlamentaria de Peticiones (PETI) para solucionar la situación cercana al colapso que se está viviendo en estas ciudades y poder desbloquear la huelga sanitaria que mantienen desde el pasado 9 de marzo de 2023 los médicos de atención hospitalaria, atención primaria, SUAP y 061.
Según la OMC, estas regiones, consideradas recientemente Áreas de Difícil Desempeño y Cobertura oficialmente, sufren una doble situación negativa: por un lado, la dificultad para mantener la calidad y la continuidad asistencial, con la consiguiente repercusión para el paciente; y por otro, una sobrecarga laboral para los facultativos que siguen ejerciendo en dichas áreas, al tener que cubrir el cupo de pacientes correspondientes a las vacantes no cubiertas.
La OMC ha advertido que si este problema no se atiende con celeridad por parte de las autoridades sanitarias competentes, se mantendrá el estado de desigualdad en el Sistema Nacional de Salud. El caso concreto de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión sanitaria depende directamente del Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), posee una singularidad muy específica, que requiere de un tratamiento especial y acorde a su particularidad dentro de las áreas de difícil desempeño y cobertura.
La OMC ha argumentado que estas ciudades, por su situación geográfica en el continente africano, su condición de frontera Sur de Europa y lo que ello conlleva, necesitan una mayor atención y recursos por parte de la Unión Europea. Tras la intervención de los distintos eurodiputados, se ha aprobado la petición de la OMC, que ahora se traslada a las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, quienes deberán pronunciarse próximamente al respecto.
