La Comisión Parlamentaria de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una solicitud para intervenir en la huelga sanitaria que afecta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde el 9 de marzo. Esta petición, presentada por el Consejo General de Médicos de España, pone de manifiesto la crisis que vive el sistema sanitario en estas regiones, marcada por la falta de personal, medios técnicos y dificultades para atraer y retener a profesionales médicos.
Los Colegios Médicos de Ceuta y Melilla, que han intentado sin éxito dialogar con el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) y el Ministerio de Sanidad, consideran necesaria la intervención de la Unión Europea ante el colapso de sus sistemas sanitarios. Aseguran que los pacientes de estas ciudades autónomas no reciben la misma atención sanitaria que otros ciudadanos españoles, en gran medida debido a la escasez de médicos, lo que supone una violación del artículo 139 de la Constitución Española. En esta huelga están implicados los médicos de Atención Especializada, 061, SUAP y Atención Primaria.
A pesar de que los puestos de trabajo del personal médico en Ceuta y Melilla han sido declarados de difícil cobertura, hasta la fecha no se han implementado mejoras significativas. Y es que desde ambos Colegios de médicos reclamaron contar con un plazo concreto para la implementación de medidas porque, aunque se publicó en el Boletín Oficial del Estado en febrero pasado, siguen sin cambios en este sentido.
Además, los Colegios de Médicos de ambas ciudades autónomas han querido recordar las severas consecuencias de trabajar en condiciones insuficientes y con sobrecarga laboral, que impactan directamente en la salud física y mental de los profesionales sanitarios.
Los médicos de Ceuta y Melilla, que trabajan más horas de las estipuladas debido al déficit de profesionales, esperan que la Comisión Parlamentaria de Peticiones del Parlamento Europeo estudie la situación y active las medidas oportunas para encontrar soluciones, ante lo que podría ser un incumplimiento de España de la Directiva sobre la Ordenación del Tiempo de Trabajo.
