El manifiesto difundido por la Fundación CERMI Mujeres se enmarca en el debate abierto durante la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, que ha situado como prioridad garantizar sistemas jurídicos más inclusivos, accesibles y equitativos para todas las mujeres.
Desde la organización advierten de que este llamamiento internacional interpela directamente a la realidad de las mujeres con discapacidad, que en muchas ocasiones no logran acceder al sistema judicial o lo hacen enfrentándose a importantes obstáculos.
Barreras y discriminación en el sistema judicial
Según denuncia CERMI Mujeres, cuando las mujeres con discapacidad consiguen acudir a la justicia se enfrentan con frecuencia a sesgos y estereotipos que ponen en duda su credibilidad.
Estas situaciones pueden derivar en decisiones judiciales discriminatorias, desestimación de denuncias o incluso en resoluciones que terminan revictimizando a las propias afectadas.
La organización alerta de que estas prácticas constituyen una forma de violencia institucional, ya que vulneran principios fundamentales como la igualdad ante la ley o el derecho a la tutela judicial efectiva.
Entre los problemas detectados se encuentran la inversión indebida de la carga de la prueba, enfoques acusatorios hacia la propia víctima o sentencias que cuestionan la credibilidad de las mujeres por razón de su discapacidad.
Reivindicaciones para garantizar el acceso a la justicia
Ante esta situación, la Fundación CERMI Mujeres plantea una serie de medidas destinadas a garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder al sistema judicial en condiciones de igualdad.
Entre sus principales demandas figura impulsar estudios que analicen las causas del escaso número de denuncias presentadas por mujeres con discapacidad, así como revisar sentencias relacionadas con casos de violencia, abuso o explotación.
También reclaman mejorar la asistencia jurídica gratuita, eliminando obstáculos económicos o administrativos y reforzando la formación especializada de los profesionales del turno de oficio en materia de género, discapacidad y edad.
Un sistema judicial más accesible e inclusivo
El manifiesto insiste además en la necesidad de garantizar la accesibilidad plena del sistema judicial, mediante información en formatos accesibles, ajustes en los procedimientos y el uso de tecnologías de apoyo.
Entre las propuestas destaca la incorporación efectiva de la figura del facilitador o facilitadora procesal, un profesional especializado que ayude a las personas con discapacidad a comprender y participar en los procedimientos judiciales.
La organización también reclama formación obligatoria y continuada en discapacidad y perspectiva de género para todos los profesionales del sistema judicial, incluidos jueces, fiscales, abogados, equipos psicosociales y forenses.
Empoderamiento y protección frente a la violencia
CERMI Mujeres subraya además la necesidad de impulsar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad, así como a madres de hijos e hijas con discapacidad, para que conozcan los recursos legales disponibles y puedan denunciar vulneraciones de derechos.
El objetivo es garantizar que las víctimas tengan herramientas reales para defender sus derechos y acceder a la reparación como víctimas.
El manifiesto concluye con un mensaje claro: sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin eliminar los prejuicios dentro del sistema judicial, no puede haber justicia para las mujeres y niñas con discapacidad.
