Alonso Guzmán Domínguez mató a su mujer, María Ángeles Lozano, a punta de pistola en la cocina del domicilio familiar de Parques de Ceuta. Antes la maltrató de forma prolongada, y con sus actos, el día de autos provocó en su hija lesiones psiquiátricas irreparables, atentando también contra su integridad moral. Así lo cree -por unanimidad- el jurado popular encargado de valorar la culpabilidad del acusado en el crimen ocurrido el 14 de marzo de 2022, y en virtud de ello, el hombre, que era policía local, podría ir a prisión entre 34 y 42 años en función de lo que decida ahora la magistrada que presidía la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplaza en Ceuta.
Tras dos semanas de intensa y emocional vista oral, este viernes llegó el momento de que el tribunal popular deliberara sobre lo observado a lo largo de ocho extensas sesiones. La lógica y lo expresado durante el juicio hacía pensar en la culpabilidad del acusado, Alonso Guzmán, a quien se achacaba haber matado a su esposa unos días después de conocer que quería divorciarse, en presencia de su hija, usando el arma reglamentaria del cuerpo municipal al que pertenecía.
Sin embargo, el hombre, que inicialmente parecía haberse confesado culpable a los compañeros agentes que acudieron a su casa el día de los hechos, planteó ya desde la cárcel y meses después del suceso otra versión. Una tesis que defendió en la sala su abogada, Inmaculada Güil, con el apoyo de mediáticos peritos como el psiquiatra clínico y médico forense el Doctor José Cabrera y Forneiro y José Jiménez Planelles, militar, perito judicial en criminología y experto en armamento ligero.
Todos ellos intentaron sostener -con poco éxito- que no fue Guzmán quien mató a su esposa, sino su hija -con mayor o menor intencionalidad según el momento de la vista- quien se hizo con el arma en un forcejeo en la cocina y acabó por asestar el tiro mortal.
Al final, el jurado lo ha tenido claro y ha considerado que el hombre, esposo de María Ángeles Lozano, fue quien ejecutó el crimen, considerándolo culpable de cuatro delitos. Dos contra la fallecida, véanse asesinato y malos tratos habituales; y dos ilícitos contra su hija, lesiones psiquiátricas y daños morales. El juicio queda ahora visto para sentencia y, en principio, de aplicar la jueza lo planteado por Fiscalía y acusación particular, la condena estará entre los 34 y los 42 años de prisión.
Penas y responsabilidad civil interesadas por las partes
Tanto la Fiscalía como el abogado de la acusación particular, que representa a la hija de la fallecida han coincidido tras escuchar el veredicto en interesar 42 años de cárcel para Guzmán. Estos se dividen en 25 por asesinato -con agravantes en su grado máximo por parentesco y violencia de género continuada-, 12 por lesiones piscológicas a su descendiente -con una agravante muy cualificada por parentesco-, 2 por un delito contra la integridad moral de la joven, con el mismo agravante que la anterior y, por último, tres años de prisión como resultado del ilícito de malos tratos habituales.
Hay que tomar en consideración que el jurado ha negado la posibilidad de que se aplique cualquier tipo de atenuante, aún considerando que el hombre padece algunos trastornos mentales. Sin embargo, entienden, que estos no han mediado en que fuera consciente de lo que hacía.
A esto se suman toda clase de medidas de alejamiento e incomunicación respecto a los hijos, así como la imposibilidad de que el considerado culpable no pueda acceder a la herencia de la fallecida, entre otras restricciones.
Las fiscales y el letrado Javier Cabillas coincidieron también parcialmente en solicitar importantes cuantías económicas como indemnización para los familiares de la asesinada, a pagar entre el hombre y la Ciudad Autónoma de Ceuta. El dinero será para la hija, el hijo, la hermana y la madre de Lozano. En el caso del Ministerio Público la suma pedida alcanza los 575.000 euros. Por su parte, el abogado elevó esa cifra a los 895.000 euros.
El representante legal de la Ciudad planteó por su parte una serie de objeciones, mayoritariamente procedimentales, para no evitar que la Administración local tenga que rascarse el bolsillo. La jueza deberá decidir.
El último show de Güil
La abogada de Alonso Guzmán no desaprovechó su última ocasión para exasperar a la sala. En su turno para hablar sobre la condena empezó saltándose la norma, insistiendo en pedir la recusación de la magistrada, algo que ya había hecho por la mañana antes de la deliberación. La jueza le advirtió de que le retiraría la palabra si lo persistía en su comportamiento.
Y, por supuesto, la letrada no dudó en seguir la senda del espectáculo, interesando la libre absolución de su cliente, algo que ya no cabía tras el veredicto, lo mismo que la aplicación de eximentes. Harta tras los continuos dislates de la representante del asesino, la presidenta del tribunal le retiró la palabra.
