El Gobierno elude su responsabilidad y recurrirá la sentencia: “se siguieron los procedimientos”

Se abre un nuevo capítulo en torno al asesinato de Mari Ángeles Lozano, por el que resultaba condenado su marido, el agente de la Policía Local que abría fuego contra ella con su arma de servicio en presencia de su hija, menor de edad en el momento de los hechos. Y es que este martes el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha confirmado lo que ya dejaba entrever hace apenas unos días, que la Ciudad Autónoma de Ceuta no considera que deba ser responsable subsidiaria en lo que se refiere al pago de la indemnización a la familia de la víctima.

Claro y rotundo se ha mostrado este martes Alejandro Ramírez, quien ha señalado que tras analizar la sentencia judicial y consultar con el Superintendente de la Policía Local, Sebastián Vega, no están conformes con las imputaciones realizadas en la sentencia, de ahí que se haya determinado recurrirla. Una cuestión que se ha abordado en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

Y es que para el Gobierno de Ceuta, “los procedimientos que se han seguido son los que marcaba la norma”, de ahí que no haya espacio, siempre bajo su punto de vista, a la condena a la Ciudad en este caso. Es más, el portavoz ha ido más allá e interpelado sobre si está previsto que los protocolos se modifiquen, a la vista de lo sucedido, ha sido tajante a la hora de contestar que no, y es que, ha asegurado, creen que el crimen, y el hecho de que un agente de la Policía Local asesinara a su esposa con su arma de servicio, “no tiene consecuencia directa con la actuación de la administración”.

La sentencia incide en la falta de control

Una consideración totalmente opuesta a la recogida en la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, que considera a la Ciudad de Ceuta responsable subsidiaria del pago de 875.000 euros de indemnización. Es decir, que si el condenado no puede abonar la cuantía, será la Ciudad y, por tanto, el dinero público, el que se emplee para ello.

Y es que, en el capítulo de hechos probados, la resolución recoge que "el servicio de Riesgos Laborales de la Ciudad Autónoma de Ceuta realizaba controles de salud sociolaboral periódicamente al menos hasta el año 2019, basadas en una encuesta en la que la información se proporcionaba por los mismos trabajadores". Es decir, sin un diagnóstico médico, ni siquiera en el caso de este hombre, al que ya habían retirado su arma en dos ocasiones, en 2001 y 2007, como "consecuencia de episodios de ansiedad".

Los jueces, por su parte, inciden en la resolución en "las inadecuadas fórmulas para controlar la salud física y mental de los agentes, al estar basadas en la propia información facilitada por los interesados"; también en "la falta de control en el momento de los hechos sobre las armas facilitadas a los policías locales, dado que no tienen obligación de depositarlas en el armero que hoy día existe, aunque no estaba habilitado en el momento de lo ocurrido". Igualmente, subrayan "la absoluta desidia existente en este extremo por parte de los mandos de la Policía Local de Ceuta y los órganos correspondientes de la Administración local, a pesar del riesgo que conlleva el porte de armas, agravado, en este supuesto, por los antecedentes conductuales del acusado".

Nada de eso le parece al Gobierno de la Ciudad, ni al Superintendente de la Policía Local, su máximo responsable, que responda a la realidad, de ahí que este martes se haya decidido presentar recurso.

Solidaridad con los familiares

Un anuncio de que presentarán recursos judiciales y de que no se plantean modificar los protocolos de actuación, a pesar de los extremos que recoge la sentencia, que, eso sí, el portavoz del Ejecutivo ha acompañado, una vez más, de “nuestra solidaridad tanto con la víctima como con los familiares” que al calvario que ya llevan vivido tendrán que sumar ahora el del recurso de la Ciudad Autónoma.