Ceuta sufre desde hace años episodios de violencia gratuita cuyo origen y motivaciones continúan siendo, tanto tiempo después, motivo de análisis. Amenazas a conductores de los autobuses urbanos y a operarios de la limpieza, algunas de ellas con armas de fuego, o apedreamiento a los trabajadores de servicios públicos han sido los casos más comunes en los últimos meses. También la Policía y el cuerpo de Bomberos han estado en no pocas ocasiones en el objetivo de los vándalos. Incidentes registrados en su mayoría, aunque no exclusivamente, en el entorno de la barriada Príncipe Alfonso. Parecería que ejercer como trabajador de un servicio público se ha convertido en Ceuta en un factor de riesgo.
En el transcurso del último tramo del pasado año, se sucedieron varios incidentes que generaron una auténtica alarma social. En octubre, un grupo de encapuchados armados intimidaban en El Príncipe a los pasajeros de un autobús urbano y a operarios del servicio de limpieza. En diciembre, otro individuo, también enmascarado y armado, encañonaba en la misma barriada a dos trabajadores de la limpieza.
En lo que va de mes, los sindicatos han denunciando una agresión sexual a una empleada de la empresa de limpieza, un incidente violento del que ha sido víctima un trabajador del mismo servicio y el apedreamiento de un autobús.
La frecuencia con la que se registran estos hechos ha llevado a los sindicatos a reclamar medidas de protección para los trabajadores de estos servicios. Las agresiones provocan una respuesta que suele tener como principales perjudicados a los vecinos. No es extraño que tras cada ataque a un autobús la empresa reaccione suspendiendo servicios que conducen hasta la barriada donde se ha producido el incidente. En alguna ocasión, a requerimiento de los representantes de los trabajadores, la Policía ha escoltado a los operarios de la limpieza para que pudieran desarrollar su trabajo en los barrios conflictivos.
Recientemente, el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, reconocía públicamente que estos incidentes constituían un problema «crónico», pero insistía en desvincular estas manifestaciones de violencia del escenario en el que se producen. «No se puede demonizar una barriada; lo que hay que hacer es erradicar este tipo de comportamientos», sentenció.
Y es que son los vecinos los principales damnificados de una violencia que afinca su raíz en causas que resulta difícil determinar.
Los representantes vecinales de El Príncipe se han cansado ya de reclamar mayor presencia policial en la barriada y medidas preventivas que al menos estorben las actividades de los violentos. Pero junto a esto, también han apelado a factores sociales para encontrar algún tipo de explicación a estos comportamientos incívicos. Los galopantes índices de fracaso escolar y la falta de políticas sociales enfocadas a los jóvenes son argumentos que los residentes en la barriada esgrimen para tratar de arrojar luz sobre estas conductas.
Establecer una etiología del fenómeno no resulta fácil. Ya en 2017, el sociólogo Carlos Rontomé advertía de que ofrecer una explicación sin aristas a un problema complejo como el de la desigualdad y marginalidad sociales resultaría necesariamente insatisfactorio.
Rontomé, estudioso de la realidad de Ceuta y autor de libros en los que se trata de ahondar en la configuración social de la ciudad, hablaba entonces de la existencia del «círculo vicioso». «A niveles socioeconómicos bajos, fracaso escolar; si tienes poca formación, baja empleabilidad; si no tienes empleo, necesidad de ayudas sociales, y desde aquí vuelta a empezar hasta que la siguiente generación entra en el mismo bucle», explicaba.
Hasta el momento, y a pesar de las declaraciones de los responsables institucionales que se suceden tras cada caso, no parece que las administraciones públicas hayan diseñado estrategia alguna para atacar el problema.
